Francisco Balaguer Callejón

La especulación acerca del posible contenido de la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya está generando burbujas políticas que no aportan nada positivo. Se ha llegado a decir, por ejemplo, que el TC va a declarar inconstitucional la referencia del Preámbulo a que el Parlament definió a Catalunya como nación. Aunque nada se puede descartar en el mundo de las ideas, esta no parece tener mucho fundamento, ya que, en este tipo de procesos, el TC enjuicia la constitucionalidad de las normas, no de los hechos que puedan referirse en ellas y, si declara la inconstitucionalidad de ese párrafo, estaría declarando la inconstitucionalidad de un hecho.

Más allá de las especulaciones, es comprensible y legítima la preocupación por el sentido de la sentencia del TC. Una preocupación que no podemos limitar a Catalunya, pues, si bien es cierto que una eventual declaración de inconstitucionalidad de las líneas maestras del Estatut resultaría formalmente aplicable sólo a ese texto normativo, también lo es que esas líneas maestras son las que han inspirado la reforma de los otros cinco Estatutos que están vigentes en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana e Illes Balears. Los nuevos Estatutos de Autonomía, pese a ser solamente seis, se aplican en comunidades autónomas que integran a la mayoría de la población y del territorio del Estado. Por ese motivo, lo que se está jugando ahora en el TC no es sólo el futuro de Catalunya ni es algo que afecte sólo al Gobierno de la nación: es un auténtico problema de Estado y como tal debería ser tratado.

Los nuevos Estatutos de Autonomía, siguiendo básicamente el modelo del Estatut, han supuesto un impulso fundamental al Estado autonómico, superando la previa concepción estrictamente institucional y competencial de los primeros Estatutos y dotándolos de instrumentos más coherentes con la función constitucional que les corresponde. Los Estatutos se han abierto a la ciudadanía mediante las tablas de derechos y han situado a las CCAA en su contexto histórico, abriéndolas también a Europa, a su propio desarrollo institucional, territorial y competencial y a una relación más equilibrada con el Estado. Lo que nos estamos jugando es muy importante porque un resultado adverso supondría retroceder muchos años en el desarrollo constitucional del Estado Autonómico.

Precisamente porque es tan importante, no tiene sentido adelantar problemas que quizás nunca se planteen o hacer conjeturas sobre escenarios catastrofistas que no parecen muy probables. Del mismo modo que el TC no debería declarar inconstitucionales los hechos cuando está controlando las normas, tampoco deberíamos articular discursos sobre meras especulaciones en lugar de hablar de los hechos reales. Y el único hecho cierto, hoy por hoy, es que no sabremos nada definitivo hasta que la sentencia se dicte y que ese será el momento adecuado para debatir sobre su significado y sus posibles consecuencias para Catalunya y el Estado autonómico en su conjunto.

Catedrático de Derecho Constitucional