Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencias Políticas

La propuesta de fijar en la Constitución el tope de gasto ha suscitado las iras de la izquierda, dentro y fuera del PSOE. Hay quien habla de “golpe de Estado constitucional”, que es una expresión contradictoria. La culminación de la entrega del Gobierno a las políticas neoliberales. Y se multiplican las campañas pidiendo un referéndum. Pero es difícil que se materialice esa consulta.

Las peticiones populares en forma de recogida de firmas carecen de fuerza salvo que se presenten en forma de iniciativa popular. Y no se ve cómo esta pueda encajarse en el proceso de tramitación de un proyecto en curso. También cabe imponer el referéndum mediante el 10% de diputados (35) o de senadores (26). Pero esas cifras sólo pueden alcanzarse si se rompe la disciplina de voto de alguno de los dos partidos mayoritarios, lo que es posible, pero improbable; aunque, al estar al final de la legislatura, pueda haber sorpresas.

Aún suponiendo que cupiera forzar un referéndum, es muy poco probable que ganara el “no”. Quienes estén tentados de comparar este referéndum con el de la OTAN deben recordar que entonces la derecha se abstuvo (algunos votaron “no”), pero aquí votará “sí” en bloque. Las deserciones se darán en el PSOE, aunque seguramente la mayoría de estas se irán a la abstención, no a su izquierda. Lo más probable es que gane el “sí”, con las desagradables consecuencias que se esperan redobladas. Pero, en el caso improbable de que ganara el “no”, las consecuencias podrían ser peores. Forzar por ejemplo una salida de España del euro.

Más que pedir un problemático referéndum para una medida obligada, impuesta de fuera (será cuestión de saber por quién en concreto), la izquierda podría presentar un plan de interpretación del techo de gasto que no se diferencie en lo sustancial del que ya existe como compromiso del Tratado de Maastricht, pero que tenga más flexibilidad y arrastrar así al PSOE, que tiene que cultivar la izquierda para las elecciones. Porque el techo ya existe. Lo que pretende ahora la doctrina neoliberal dominante (la derecha española, por ejemplo, pide déficit cero) es hacerlo rígido porque la Comisión Europea es incapaz de imponerlo.