ÓSCAR CELADOR ANGÓN

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

La polémica sobre el uso de símbolos religiosos islámicos se está extendiendo por Europa a una velocidad alarmante. Cuando todavía no hemos olvidado el caso de la niña musulmana que tuvo que cambiar de colegio en Madrid por asistir a clase con un pañuelo en la cabeza y seguimos escuchando los ecos del intento belga de ilegalizar el velo integral islámico, ahora el Gobierno francés ha remitido a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que prohíbe el uso de prendas que oculten el rostro en los espacios públicos.

Los ordenamientos jurídicos europeos se han pronunciado sobre esta temática de forma dispar, pero las posiciones de los partidarios y los detractores del uso del burka o del pañuelo islámico son uniformes. Para unos, el uso de vestimentas representativas de las creencias religiosas, siempre que sea el resultado de una opción libre, está amparado por los derechos a la libertad religiosa, a la identidad cultural y a la propia imagen; mientras que para los otros, los símbolos religiosos que ocultan el pelo o el rostro de las mujeres representan la sumisión y la esclavitud, por lo que atentan contra su dignidad y su libertad.

Todavía no sabemos cuál será la solución por la que se decantará Francia, pero, sea cual sea esta, será el fruto de un intenso debate social y político de casi un año de duración, en el cual unos han tenido la oportunidad de defender ante la opinión pública la idea de que las mujeres portan libre y voluntariamente este tipo de símbolos, y los otros han podido esgrimir la laicidad del Estado y el interés público, inherentes al hecho de que todas las personas puedan ser identificadas para evitar problemas de seguridad pública, para justificar la prohibición del burka.

Los debates sobre las creencias siempre levantarán pasiones, ya que por alguna razón misteriosa todos los individuos tienen una opinión sobre este particular que están dispuestos a defender con ahínco. La capacidad de una sociedad para debatir de forma abierta y sosegada sobre el alcance y contenido de los derechos y libertades fundamentales, así como de los límites que pueden establecerse a su ejercicio, es un claro indicador de su madurez democrática. De ahí la importancia de encontrar una solución de consenso que sea respetuosa con los derechos fundamentales de las mujeres y que no lesione el pluralismo religioso, ya que, cuando esto ocurre, quien pierde es la sociedad en su conjunto.