Corren malos tiempos para lo que es patrimonio de todos: para lo público. Los cerebros neoliberales y sus alegres muchachadas mediáticas pretenden instalar la idea de que esta crisis sólo puede superarse a costa de los sacrificios de los de siempre. Al menor descuido, se impondrá la insultante tesis de que funcionarios, pensionistas, mileuristas y trabajadores temporales han vivido por encima de sus posibilidades. ¡Como si fuera un delito! Quienes nacen desnudos adquieren enseguida la fea costumbre de intentar vivir por encima de sus posibilidades, mayormente escasas tirando a nulas. Se supone que eso es lo que se espera de un gobierno progresista: que ayude a los más débiles a mejorar su calidad de vida. Los hay que también nacen desnudos, pero con la suerte de poder vivir holgadamente, incluso por debajo de sus vastas posibilidades. Las instituciones que representan lo público, lo que es de todos, están obligadas más que nunca a la transparencia, a rendir cuentas de cada euro que gastan. Frente a quienes identifican lo público con el despilfarro, conviene apostar por la eficiencia y la austeridad, pero no consentir el desmantelamiento del Estado. No es cierto que el gasto público sea la causa principal de ese déficit que tanto irrita a los mercados. Cualquier opacidad en las cuentas deja margen a la demagogia de quienes sólo se acuerdan de lo público cuando necesitan el dinero de todos para reflotar su particular negocio.