MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC

No se le pueden poner puertas al campo. Aceptémoslo y demos así la razón a los que claman contra las pretensiones de restringir, mediante normas jurídicas, el uso de Internet para intercambiar contenidos culturales. Pero aceptemos también que el hecho de que no pongamos vallas en nuestro huerto no significa que tengamos que aceptar que cualquiera que pase por allí se coma nuestras manzanas.

La polémica desatada en torno a la llamada Ley Sinde está plagada de ambigüedades y confusiones de este tipo. Hay, en primer lugar, una cuestión estrictamente moral: ¿tiene el autor de una obra cultural algún derecho a disponer sobre el uso de su contenido? No conozco a nadie que niegue en serio este derecho. Desde el escritor que defiende su obra frente al plagio, al científico que reclama a sus colegas el reconocimiento de su originalidad, o incluso el grafitero que deja su sello personal para que todo el mundo reconozca su autoría: el derecho moral de la propiedad intelectual ha estado entre nosotros desde hace siglos y se va a quedar muchos siglos más.

Asentado esto, la única cuestión a debatir es si tal derecho es un valor absoluto al que tienen que supeditarse todos los demás o si, por el contrario, se pueden aceptar limitaciones razonables que faciliten la difusión de la cultura aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información. Visto así el problema, de inmediato surgen muchas posibles soluciones, todas aceptables si son compatibles con las siguientes consideraciones. Primera, las copias en Internet son tan baratas que resulta absurdo pretender cobrar por ellas cantidades parecidas a las que se cobran por las copias en soporte físico tradicional. Segunda, si alguien vende las manzanas de otro, este tiene derecho a reclamar una compensación y a acudir a los poderes públicos para proteger con toda contundencia ese derecho, pero debe poder hacerlo sin que para ello haya que violar otros derechos fundamentales (a la intimidad y al secreto de las comunicaciones personales, por ejemplo). Tercero, la industria cultural y los poderes públicos, en vez de dedicarse sólo a subir la altura de las vallas del huerto, deben buscar y promover también formas alternativas de distribuir información más asequible, abierta, disponible para todo el mundo y respetuosa con los derechos de los creadores. Algunos ya lo están haciendo. El resto les seguirán, si sobreviven.

Miguel Ángel Quintanilla Fisac es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia