José Antonio Nieto Solís

Profesor titular de Economía Aplicada en la UCM, miembro de la Asociación Econonuestra

La crisis no es responsable de los recortes en el gasto social y en las políticas sociales. Claro que no. Y los gastos sociales tampoco son responsables de la crisis. Por supuesto que no.

Lo primero es fácil de argumentar: antes del estallido de esta gran recesión ya había una ideología predominante que se empeñaba en recortar los gastos y las políticas sociales. Se empeñaba por razones no justificadas en la evidencia de los datos disponibles, como veremos ahora. Eso sí, con la crisis su empeño ha conseguido más fácilmente los resultados que se buscaban: forzar más recortes en las políticas sociales, justificándolos en una austeridad mal entendida, cuando la austeridad debería basarse en otros parámetros. Más aún en nuestra querida Europa.

Lo segundo también es fácil de demostrar: los gastos sociales no pueden ser responsables de la crisis porque son menores que los ingresos sociales, al menos en los países de la UE. Y no lo digo yo, lo dice Eurostat, lo dice la OCDE y lo dicen –en español– los Presupuestos de la Seguridad Social para 2014: véase el Anexo al Informe Económico-Financiero de los Presupuestos de la Seguridad Social.

En el capítulo IV de ese Informe se comparan los gastos de protección social en los países de la UE. La media de los gastos sociales en relación al PIB para los 27 países de la UE en 2009, 2010 y 2011 ha sido superior al 29%, mientras que en España apenas alcanzaba el 26%. Si la comparación se realiza para los gastos de protección social por habitante, en paridad de poder de compra, la cifra media de la UE en 2011 fue 7.003 euros, mientras que en España se quedó en 5.954: es decir, al nivel de Grecia, por encima de Portugal y de los países del Este de Europa, pero muy por debajo de los 12 países de la UE con mayores niveles de protección social.

Y lo que es más llamativo: los ingresos de protección social son mayores que los gastos de protección social. El último Informe de la Seguridad Social española refleja que en 2011 los ingresos de protección social fueron el 29,7% del PIB en los 27 países de la UE, y el 25,8% en España. Al tomar como referencia el PIB las comparaciones son más fáciles, aunque están condicionadas por la negativa evolución del PIB y los elevados niveles de desempleo, que merman la recaudación fiscal, además de reducir los ingresos por cotizaciones sociales. ¡Qué más quisieran los parados que contribuir a incrementar las cotizaciones destinadas a ingresos fiscales!

No obstante, se puede extraer una conclusión muy clara, que se refuerza cuando se analizan esos mismos datos en periodos más largos: en la UE, en las últimas décadas, los gastos sociales han tendido a financiarse con los ingresos generados por las distintas cotizaciones sociales; por lo tanto, los gastos sociales no pueden ser responsables de los déficits fiscales ni de la crisis. Culpar al gasto social de la crisis es mentir o ignorar los datos, o ambas cosas. Sin embargo, dado que se ha extendido la falsa creencia de que recortando gastos sociales podemos salir de la crisis (¿?), conviene preguntarse en qué se sustentan esas opiniones.

Yo pienso que se sustentan en dos ideas a cuál más falaces. Primera, siempre hay otras opciones más eficientes que la acción pública, es decir más baratas, por ejemplo la gestión privada de determinadas políticas sociales. Sin embargo, al opinar de esa forma ni se aportan cálculos ni se valoran todos los efectos de los costes y beneficios de esas opciones supuestamente más eficientes. La privatización de la sanidad en Madrid es un lamentable ejemplo de ello. Los que defienden privatizar los ámbitos más lucrativos de la sanidad saben que no hay cálculos que avalen la pretendida mayor eficiencia –social y global– de las privatizaciones, pero continúan con su empeño, mientras puedan y nadie les pare. Lo hacen por afán de lucro y por una concepción clasista de la sociedad, revestidas, eso sí, de ideología neoliberal. ¿Por qué no debatir y analizar en qué condiciones una mejor regulación por parte del Sector Público puede contribuir a mejorar la eficiencia en otros ámbitos y actividades económicas y sociales?

Segunda idea, todo lo que tiene que ver con el Estado provoca una mala asignación de los recursos. Es decir, las intervenciones a través del gasto social y de las políticas públicas no son competitivas, destruyen empleo y reduce el crecimiento económico. Sin entrar a discutir el erróneo concepto de crecimiento ni lo dañino que puede resultarnos a casi todos tal y como se concibe el crecimiento en la actualidad, esa idea también es falsa. Lo es porque ignora los efectos positivos de las políticas públicas en términos de estabilidad de los sistemas económicos, de equidad social y de mejoras potenciales de eficiencia sobre los sistemas económicos y sociales, aspectos todos ellos que pueden superar a los costes globales de las políticas públicas, al menos cuando la falta de transparencia y la corrupción no lo contaminan todo. Y aunque en esa contaminación todos podamos ser responsables, hay responsabilidades que claman al cielo y no deberían quedar ocultas e impunes tras el manto protector de la gestión política.

Sin embargo, al ignorar los datos disponibles y el debate sobre cómo utilizar las políticas públicas en beneficio de la creación de empleo y la mejora del bienestar colectivo, el resultado final es contundente: se recortan los gastos y las políticas sociales para favorecer privatizaciones que solo benefician a una minoría. Mientras tanto, se deteriora el nivel y las condiciones dignas de vida de la mayoría de la población. Y no lo digo yo, basta con ver cómo han perdido peso las rentas salariales en la distribución de la Renta Nacional en los últimos años, por ejemplo en España.

Más allá de las estadísticas, basta con salir a la calle y ver cómo millones de parados –jóvenes, menos jóvenes y no tan jóvenes– están en el limbo de la exclusión social, ya sea por el paro de larga duración o por los recortes en las políticas sociales, o por todo a la vez. Es decir, por hacer pagar la crisis a quienes ni la hemos originado ni la estamos haciendo más duradera e intensa al insistir en recortar y recortar, cuando existen enormes bolsas de fraude fiscal que podrían utilizarse para combatir los déficits públicos.

En realidad, solo algunos privilegiados pueden presumir de pagar menos impuestos o de llevarse su dinero donde no pagan casi nada. Para la mayoría de los ciudadanos la presión fiscal está subiendo. Y lo peor es que los impuestos que pagamos no sirven para mejorar nuestro nivel de vida. Es más, con las privatizaciones, y con las subidas de las tasas y de los precios de los suministros básicos, estamos volviendo a pagar por el acceso a los servicios públicos a los que ya hemos contribuido mediante el pago de nuestros impuestos directos e indirectos. A la mayoría de los ciudadanos no se nos trata con la dignidad que merecemos ni en el ámbito local y regional, ni en el estatal, ni tampoco en el difuso ámbito de la UE. ¿Hasta cuándo?