RAMÓN COTARELO

No hay sondeo o estadística de prestigio de las instituciones en cualquier sociedad democrática en donde los partidos políticos no aparezan al final o casi al final de la lista. Y lo mismo sucede con las estadísticas de la percepción de la corrupción: los partidos se cuentan invariablemente entre las instancias consideradas más corruptas. Este es el trasfondo de desconfianza sobre el que hay que valorar el monumental escándalo de corrupción que afecta al PP con la trama Gürtel y el modo profundamente erróneo que ha tenido de gestionarlo.

La dirección nacional conservadora empezó por acusar al juez instructor de falta de imparcialidad y malevolencia; continuó atribuyendo intenciones nefandas a las fuerzas de seguridad y la administración de justicia; pretendió que todo era un montaje con la connivencia de los medios de comunicación no amigos; sostuvo que estaba siendo objeto de una persecución ilegal desde los aparatos del Estado y, por último, quiso reducir las responsabilidades a unos cuantos comportamientos individuales de gentes ajenas al partido pero que pretendían aprovecharse de él. Así creyó poder salir del paso con una faena de aliño forzando algunas dimisiones de personas de segunda fila y algunas destituciones de otras directamente imputadas, aunque no de todos sus cometidos. Y dejó la primera línea de responsabilidades políticas intacta.

Cuando el PSOE sufrió un episodio similar, aunque de menor calado, en los años noventa, le costó perder dos elecciones seguidas (en una de ellas, además, el Gobierno) y cambiar dos veces de dirigente nacional. En estas circunstancias, el PP no ha sabido o querido actuar en consecuencia, tranquilizado por la impresión errónea de que los escándalos de corrupción no tienen coste electoral, lo que es obviamente falso. No tiene coste electoral inmediato (también el PSOE volvió a ganar las elecciones de 1993) porque el voto tiende a ser inelástico y porque, en este caso concreto, el partido afectado por la corrupción no está en el gobierno. Pero es un error garrafal pensar que no tiene coste en absoluto. Al contrario, precisamente porque llueve sobre mojado en un sistema que, como todos los democráticos, desconfía de los partidos (a los que, por otro lado, considera imprescindibles para el mantenimiento de la democracia), las consecuencias suelen ser demoledoras.

La oposición conservadora no ha sabido responder a las circunstancias de la corrupción y el grado de deterioro está ya muy avanzado. Es posible, aunque dudoso, que, sometido a una ratificación, Rajoy vuelva a ser proclamado presidente del PP. Lo que está claro es que, cuando todo el sumario sea conocido y puedan aquilatarse mejor las responsabilidades, el PP tendrá que convocar un congreso extraodinario del que debe salir un reconocimiento de culpa en el escándalo, una batería de reformas que lo hagan imposible en el futuro y una refundación del partido para mantener un voto que, según los sondeos, está escapándose a raudales, so pena de retornar a los tiempos del techo electoral de incondicionales de Alianza Popular.

Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas