Alfonso Egea de Haro

Profesor de Ciencia Política

En la declaración final de la reciente cumbre del G-20 los gobiernos dicen haber priorizado la protección social y el empleo, e incluso han hecho un llamamiento a fortalecer el diálogo social. Además y por primera vez se han celebrado reuniones paralelas de los representantes sindicales (el denominado L-20). Sin embargo, el resultado de la cumbre es amargo, y no por la atención suscitada por la estabilidad de los gobiernos en algunos países europeos.

Si hace un año, en Seúl, la declaración final del G-20 se centró en la acción colectiva, ahora la atención se ha dirigido más hacia un reparto de tareas entre los países. Mientras que unos estados, principalmente europeos con la excepción de Alemania, se obligan a cumplir con los planes de consolidación fiscal y de reformas estructurales, aquellos con superávit comercial se comprometen a adoptar medidas que estimulen la demanda. Este reparto de tareas no tiene, sin embargo, el mismo nivel de concreción para unos que para otros. Los del primer grupo tienen fechas de cumplimiento para reducir el déficit público y los niveles de endeudamiento y están sometidos a un férreo control, mientras que, en el caso del segundo grupo, algo tan difuso como las circunstancias nacionales particulares marcarán el ritmo de las medidas para incentivar el consumo y la inversión.

Con estas premisas, la interrogante es si esta división de tareas logrará alcanzar los 21 millones de puestos de trabajo que según la OCDE y la OIT serían necesarios crear antes de 2015 para llegar a los niveles anteriores a la crisis. Y es que esta división de tareas refleja que la prioridad sigue siendo el crecimiento económico en términos globales y una menor atención al modelo de desarrollo económico. Frente a esta agenda, desde el L-20 se apuesta por invertir los términos de la relación y fortalecer el diálogo social, el establecimiento por ley de los salarios mínimos, la reducción de las desigualdades, el establecimiento de un piso de protección social, la recuperación de la inversión o la supresión progresiva de las garantías gubernamentales a los bancos. En resumen, dos agendas, un diálogo de sordos y el foco de atención mediática y política centrada en los sospechosos habituales del primer grupo.