Vuelta la burra al trigo, el presidente de la CEOE, Rosell (Joan o Juan, que de las dos formas dice que contesta), ha pedido de nuevo un contrato único con el que, en su opinión, resolveríamos de un plumazo la dualidad entre trabajadores temporales e indefinidos, ya que todos serían temporales. El engendro surgiría de un pacto entre generaciones, de manera que aquellos padres con contratos indefinidos de más de 30 años tendrían que aceptar una rebaja de sus derechos a cambio de mejorar algo la de sus hijos. ¿Objetivo? “Que cuando tengas que despedir puedas despedir”.

Puede que Rosell sea un poco veleta o un bipolar diagnosticado, aunque en cualquier caso debería ir pensando en cambiar definitivamente de camello. Hace ahora un año estuvo por estos lares con la misma idea en la gabardina el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Ándor, un húngaro de cuya existencia no se tenía conocimiento en el país con más paro de Europa. Pues bien, la respuesta de Rosell fue entonces que la propuesta era “muy atrevida”, por no decir inaplicable, ya que la gran presencia de la industria y los servicios en la economía española hacían necesarios “diferentes tipos de contrato”.

Podría incluso entenderse que Rosell hubiese cambiado de criterio, pero es que en febrero de 2013, es decir, meses antes de que el acentuadísimo comisario visitara a España, el de la CEOE definía incluso su contrato único perfecto: “un contrato simple, en tres líneas, sin bonificación, con un periodo de prueba y que a partir de ahí sea indefinido y con unas condiciones de salida pactadas en función de los años que se haya estado”. En resumen, en 15 meses ha sido partidario, ha dejado de serlo y ahora vuelve a abrazar la idea con pasión de adolescente. Que no se diga que los empresarios son inflexibles.

Rosell pasa por alto un detalle de poca importancia, nimio incluso, y es que este tipo de contrato es inconstitucional como ha recordado en varias ocasiones el Gobierno, razón por la que no fue el eje de la reforma laboral tal y como, al parecer, se pretendía. La propuesta queda, por tanto, fuera de la legislación española, aunque la experiencia ha demostrado que esto no ha sido siempre un obstáculo insalvable.

Para ser del todo justos, hay que reconocer un matiz diferencial en la fórmula que la CEOE presenta ahora. No se trataría de hacer convivir el contrato único con el indefinido actual sino acabar con éste último previa renuncia de sus beneficiarios, que lo harían voluntariamente por simple amor filial y presumiblemente ante notario. Embarcadas en la estrategia de sustituir empleo de calidad por basura, las empresas ahorrarían tiempo y, sobre todo, dinero, que es de lo que se trata, y todo a mayor gloria de la competitividad nacional.

Con el contrato único, que es como se llama ahora al despido libre y casi gratuito, se completa así un cuadro de vanguardistas demandas patronales, entre las que destacan el salario mínimo para jóvenes (inferior al actual, lógicamente), la reforma de las prestaciones por desempleo (que tanta sopa boba embrutece) y la reducción de los días de permiso por fallecimiento, por eso de que ya no se va al entierro en diligencia.

El funcionamiento interno de la CEOE está en consonancia con estas justas reivindicaciones. No ha habido directivo que haya abandonado el barco sin una pensión millonaria vitalicia, lo cual es muy comprensible en una organización que vive de las subvenciones públicas y de lo que distrae en cursos de formación. Ello incluye a su exdirector de Relaciones Laborales, José de la Cavada, un prenda de categoría que si algo fomentaba eran las relaciones laborales: 9 de sus 11 subordinados le denunciaron por trato humillante.

Para dar ejemplo de austeridad, el secretario general de la cosa tiene un sueldo de 250.000 euros, aunque se merece mucho más, y los nuevos estatutos ya han recogido la posibilidad de que el presidente, o sea Juan o Joan, también pueda tener su nómina correspondiente. Una organización que tiene al bueno de Gerardo, su expresidente, en la cárcel, que ha vivido la imputación de toda su cúpula en Andalucía y que ha permitido la reelección de otro imputado, el singular Arturo Fernández en CEIM, es un ejemplo para España y para el mundo. Bienvenida esta última idea de CEOE: pactar con los padres y no acordarse de las madres de sus dirigentes.