Empieza a resultar bastante ofensiva esta insistencia de los voceros políticos y mediáticos conservadores (y no tanto) en la insinuación de posibles artimañas del Gobierno para acelerar el fin del terrorismo. Si alguien conoce algún dato concreto que certifique la existencia de una negociación con los terroristas, lo que debe hacer es denunciarlo. Si no, ya va siendo hora de que todos aquellos que aspiran a ejercer la representación de los ciudadanos mantengan un respeto a la inteligencia de sus representados. El juicio que ha venido celebrándose en los últimos días en la Audiencia Nacional contra dirigentes de la izquierda abertzale por presunto enaltecimiento del terrorismo ha sido buen ejemplo de los peligros que conlleva el intento de cazar votos a costa de cualquier cosa.

Un tribunal de justicia no tiene competencias para convertirse en escenario de un debate político. Eso es lo que ha intentado la defensa de Arnaldo Otegi, pero también algún dirigente del PP. Sostener a estas alturas que la propuesta de Batasuna en Anoeta en 2004 consistía en una especie de pacto secreto entre ETA y Zapatero (anunciado previamente por casi toda la prensa) sonaría a broma de muy mal gusto si no fuera porque más tarde se produjeron varios asesinatos. Resulta fácil criminalizar a un Eguiguren que se empeña en poner en valor los pasos dados por el llamado “entorno de ETA”. ¿No será que alguien pretende sacar provecho político de la derrota de la banda?