El nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha adquirido, que sepamos, dos compromisos explícitos, todo un récord para un político especialmente implícito cuando habla: no subir los impuestos y no crear un banco malo. Tardó cero coma en incumplir el primero. El IRPF incrementado ya pende sobre todos nosotros y tiene pinta de que en unos meses a Rajoy no le quedará otro remedio que subir también el IVA, dado que con una actividad económica bajo mínimos no parece que haya modo de recortar 40.000 millones de euros del déficit público. Y sobre el segundo compromiso, que es no endosar al Estado un tinglado público que limpie los balances bancarios de activos inmobiliarios incobrables, tendremos noticias muy pronto.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, quiere hacerlo a las bravas: elevando al 50% las provisiones obligatorias de bancos y cajas para sus créditos con finalidad inmobiliaria y en un plazo muy rápido, dos años. Si esto se confirma, en vez de repartir basura a un banco malo el efecto sería que los bancos se verían obligados a reducir al mínimo, o a la nada, sus beneficios, y por tanto, su reparto de dividendos. Es decir: un banco malo lo pagarían todos los ciudadanos, pero una mayor provisión para activos inmobiliarios impactaría sobre los accionistas de los bancos, que también son ciudadanos, pero los más grandes de los cuales se sientan en consejos de administración que durante los últimos años han ido aprobando cuentas con hiperbeneficios y dividendos que quizá no se correspondían con la realidad, dado que una parte de los activos no era buena, sino tóxica. El sector acumula activos inmobiliarios ya reconocidos como problemáticos por 176.000 millones de euros y las provisiones cubren ahora, en promedio, el 33% de ese total. La teoría dice que, si se fuerza ahora a subir al 50% el reconocimiento de la toxicidad de tales activos, se limpiarían los balances y los efectos positivos consistirían en que la deuda pública y privada españolas recuperarían, en general, la credibilidad internacional. Bajaría más la famosa "prima de riesgo", sería más fácil colocar deuda pública en los mercados a precios razonables y, de paso, se eliminarían cuellos de botella para que los bancos, una vez forzados a reconocer las pérdidas reales provocadas por la burbuja inmobiliaria, podrían volver sus ojos hacia el crédito no inmobiliario y redirigir su actividad hacia la financiación de la actividad económica empresarial y privada no especulativa.

El problema viene al hacer las cuentas: las cifras que se manejan sitúan el aumento de las provisiones en torno a los 50.000 millones de euros, aunque De Guindos, antes de ser ministro, hablaba de entre 20.000 y 40.000 millones. En sus mejores tiempos, el sector financiero español registraba unos beneficios superiores a los 20.000 millones anuales. A falta de conocer los resultados de 2011, el beneficio en los tres primeros trimestres del año pasado apenas superó los 9.000 millones, así que no serían suficientes para aumentar las provisiones y muchas entidades entrarían en pérdidas. Entre las más perjudicadas estarían Bankia, Pastor, Sabadell, Popular y Banesto. ¿Alguien imagina que el Gobierno del PP lleve al banco de Rato a pérdidas? Además, una medida que se adopta para restaurar la confianza de los mercados podría acabar teniendo el efecto contrario.

En Economía admiten que la medida es dura y que las entidades que no puedan asumirla deberían buscar novios. A las primeras a las que se les está buscando pretendientes con posibles son Catalunya Caixa, Novagalicia Banco y Unimm, todas ellas participadas por el FROB. Y vuelven a surgir cábalas sobre una fusión BBVA-Bankia, aunque para ello tendrían que doblarle el brazo a Francisco González, presidente del BBVA.

Pero ni siquiera con las fusiones se lograría el objetivo a corto plazo. Por eso, encima de la mesa se ha puesto otra medida a añadir a las anteriores: crear un banco de suelo, una sociedad independiente que comprara el suelo a los bancos y cajas y lo sacara de sus balances. La clave está en quién y cuánto se pagaría por ese suelo. Debería ser lo bastante poco para ser creíble, pero tampoco cero. Y para proteger la palabra de Rajoy, y el bolsillo de los contribuyentes, que sea el Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones de las propias entidades financieras, quien lo haga.