Toda medida dirigida a conseguir que realmente paguen más los que más tienen merece ser aplaudida, y el hecho de que llegue con retraso no anula la conveniencia de tomarla. Fue un error por parte de Zapatero eliminar en 2008 el Impuesto sobre el Patrimonio, por mucho que se argumente que estaba mal concebido y que afectaba a las clases medias. Lo coherente entonces habría sido cambiarlo y lograr que elevara la presión fiscal sobre los más ricos, pero nunca eliminarlo. Tampoco se sostiene la actual oposición de Rajoy, quien califica de “castigo a los ahorradores” un tributo que el PP aplicó sin contemplaciones cuando gobernaba y que ahora se corrige elevando a 700.000 euros el mínimo exento individual. Rechazar que los grandes patrimonios paguen unos mil millones de euros más a la caja común al tiempo que se ejecutan recortes en la educación, la sanidad o la dependencia es poco menos que indecente. De hecho, algún presidente de comunidad autónoma (como el de Murcia, Ramón Luis Valcárcel) tendrá que explicar a los ciudadanos su rechazo a obtener ingresos adicionales mientras decreta ajustes sociales para reducir el déficit. Rescatar y hacer más equitativo el Impuesto sobre el Patrimonio no sólo supone recaudar más sino que ayuda a situar en primer plano la necesidad de una profunda reforma fiscal que incluya también propuestas sobre sicav, lucha contra el fraude, paraísos fiscales... Ahí deben retratarse los candidatos del 20-N.