Tras el rechazo del Tribunal Supremo a la legalización de Sortu como partido y a las candidaturas de la coalición Bildu, el Tribunal Constitucional tiene hoy en sus manos la decisión de permitir o no que la izquierda abertzale esté presente en las elecciones del 22-M después de haber renunciado de forma explícita a la violencia. Está en juego nada menos que el ejercicio del derecho fundamental de participación política. A partir de la jurisprudencia del Constitucional y a la luz de la Ley de Partidos, resultan totalmente inconsistentes las pruebas que pretenden establecer que Bildu es una continuidad fraudulenta de Batasuna inspirada por ETA. Se basan en la falta de credibilidad del mundo abertzale para instaurar una presunción de culpabilidad en absoluto compatible con las reglas de un Estado de derecho. El PP, sobre todo, pero también el Gobierno a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado llevan meses lanzando además el mensaje de que “no se puede tolerar que los violentos o sus cómplices vuelvan a engañarnos y se cuelen en las instituciones”. Se obvia el dato de que tal posibilidad es falsa tras la reforma de la Ley Electoral pactada precisamente por PSOE y PP. En caso de que se demuestre a posteriori connivencia o colaboración con el terrorismo, cualquier cargo electo puede ser desposeído de su escaño o de su acta de concejal gracias a la llamada incompatibilidad sobrevenida. Preservar la democracia no es un riesgo sino una obligación.