JORGE CALERO

Eurostat, la agencia de estadística de la Unión Europea, hizo público recientemente un informe que, con periodicidad anual, describe el estado y la evolución de la protección social en Europa. Los datos alcanzan únicamente el año 2006, debido a la dificultad de procesar y homogeneizar las cuentas públicas de protección social de 27 países. Con algunos matices y calificaciones, el principal mensaje que transmite el informe con respecto a España es que nuestro nivel de protección social, en términos de gasto público, sigue considerablemente por debajo de la media europea.

El resto de países de la Unión Europea sigue dejándonos atrás, por el momento, en el empeño de proteger a los ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba”, como proponía, ya en 1942, el informe pionero del político William Beveridge en el Reino Unido. Veamos algunos indicadores. Si planteamos las comparaciones en términos de proporción del PIB, el esfuerzo presupuestario español era en 2006 del 20,9%, mientras que el del conjunto de países que componían la Unión Europea-15 se situaba en el 27,5%. Son 6,6 puntos porcentuales de diferencia, prácticamente la misma que existía en el año 2000 (entonces eran 6,5 puntos). Otra aproximación al nivel de protección social la proporciona el gasto per cápita en unidades de poder de compra; en 2006 en España se alcanzaba un nivel equivalente al 72,2% del gasto de la Unión Europea-15. Con este segundo indicador sí se puede detectar cierta convergencia de la protección social española con respecto a la europea, ya que en el año 2000 la misma proporción era del 63,8%.

Los años a los que se refiere el informe (2000 a 2006) corresponden a un periodo de crecimiento económico sostenido, que se prolongó un año más. Como hemos visto, tal contexto no se aprovechó suficientemente para paliar nuestro déficit en protección social. Como suele suceder, las últimas fases del crecimiento se utilizaron para legislar acerca de nuevos programas de gasto, que deberán ser implementados ya en una fase recesiva, en medio de severas restricciones presupuestarias. El ejemplo de la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 (programa estrella de protección social del Gobierno socialista) es paradigmático en este sentido. Su aplicación se está llevando a cabo con enormes problemas presupuestarios, tanto de la administración central como de las autonómicas, que cofinancian (junto a los usuarios) el programa.

El informe nos permite también identificar áreas de gasto en las que la situación española resulta especialmente deficitaria. Destacaré únicamente dos: por una parte, la correspondiente a “familia e infancia”, donde el gasto per cápita español supone sólo la mitad del europeo. Por otra parte, la correspondiente a “vivienda y exclusión social”, con un gasto per cápita español que equivale únicamente al 25,6% del europeo. Si queda camino por recorrer en todas las áreas de la protección social, son probablemente estas dos las que exijan un esfuerzo más importante en los próximos años. Aunque, probablemente, para ello haya que esperar a la próxima fase expansiva.

Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada