Es cierto que los políticos españoles, en general, están peor pagados que los de los principales países de la UE, aunque conviene no olvidar que las pensiones o el salario mínimo interprofesional también están muy por debajo de la media europea. Quienes defienden la necesidad de mejorar sensiblemente los ingresos de la clase política suelen argumentar que, de no hacerlo, será imposible atraer al servicio público a las personas más preparadas, que pueden ganar mucho más con la actividad privada. Tal argumento es una falacia, puesto que el servicio público exige vocación, generosidad, solidaridad... actitudes que no dependen en esencia de la remuneración. Por otra parte, el ejemplo de Italia, donde los políticos cobran cinco veces más que sus colegas españoles, demuestra que unos mayores emolumentos no garantizan una mejor calidad en la actividad política.

En 2011, los partidos recibirán del Estado 82,3 millones de euros en ayudas ordinarias, sin contar las electorales. Ese dinero sale de los bolsillos de los ciudadanos, y estos tienen derecho a exigir a los partidos y a sus representantes una transparencia absoluta en el uso de cada céntimo. No es admisible la resistencia de algunos grupos (no todos son iguales) a facilitar datos sobre ingresos y actividades de sus dirigentes, como tampoco es aceptable que ciertos cargos políticos sigan cobrando más de un sueldo, público o privado.