RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

El caso Faisán es políticamente explosivo porque afecta al núcleo de la seguridad del Estado de derecho, la lucha contra el terrorismo. Un terreno en donde no es admisible la política partidista. Por eso es tanto mayor la tentación de servirse de él para obtener beneficios electorales a partir de lo que uno de los magistrados consideraba en un voto particular a un auto de la Audiencia como una “instrumentalización política del caso”.

Junto a ese aspecto institucional de obvia trascendencia hay un lado humano que, aun siendo de otro orden, nadie con sensibilidad puede ignorar. Los encausados son tres funcionarios policiales con largas hojas de servicios a la seguridad de los ciudadanos y de experiencia en la lucha contra ETA quienes, por la naturaleza del proceso y el uso político y mediático que el PP hace de él, se encuentran en una situación que sólo cabe calificar de kafkiana.

En uso de su derecho, el PP se ha personado como acusación popular. Ello le obliga a guardar exquisitamente las formas y extremar la cautela para impedir que el proceso quede adulterado por una instrumentalización política. Sin embargo, no otra puede ser la finalidad de los constantes ataques del PP y los patronos de su fundación, FAES, en sede parlamentaria y no parlamentaria, que comparan el caso Faisán con los GAL, hablan de “alta traición” de Rubalcaba y presumen colaboración de la Policía con banda armada.

Es el caso de uno de los magistrados decisivos en el curso del caso, Enrique López, quien no sólo es persona próxima al PP, ya que este avala su candidatura al Tribunal Constitucional, sino que además colabora de modo directo y permanente con la FAES, que es una fundación del PP, presidida por José María Aznar. Cuando la Constitución prohíbe taxativamente a jueces y magistrados “pertenecer a partidos políticos”, quizá debió especificar qué se entiende por “pertenecer”. Para el uso normal del castellano y en la interpretación ordinaria, el magistrado López “pertenece” al PP, aunque no sea militante ni pague cuotas. Y por lo tanto debiera abstenerse de toda participación en una causa en la que el partido con el que colabora, según parece a cambio de retribución, está personado como parte.