Francisco Balaguer Callejón

La imagen simbólica de la justicia la representa con una venda en los ojos, destinada a evitar que las circunstancias personales de quienes litigan puedan ser un obstáculo para que esta se imparta. El ideal de un proceso justo es aquel en el que el tribunal ni siquiera conoce los nombres de las partes y se limita a analizar los hechos y a determinar las consecuencias jurídicas que de ellos se derivan. Así suele ocurrir en la práctica y, para las personas que juzgan, los nombres que figuran en los expedientes no tienen ningún significado más allá de su relación con las circunstancias que han dado lugar al proceso. Si ese hubiera sido también el caso en la ramificación de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, no es arriesgado aventurar que el proceso habría tenido una deriva muy distinta: ¿qué juez dejaría de investigar un asunto de corrupción con pruebas tan palpables?, ¿qué juez no se sentiría llamado a profundizar en un una caso en el que pueden existir contrataciones ilegales, facturas falsas, fraudes a la Hacienda Pública y cohecho (y no precisamente impropio), entre otras actividades delictivas?Porque el problema del TSJCV no es sólo la declarada amistad de su presidente con uno de los principales imputados. No debemos olvidar que ha habido una reiterada negativa a investigar otros tipos legales más allá del cohecho impropio, que posteriormente fue descartado a pesar de considerarse acreditados los hechos. Son ya diversas las ocasiones en las que el tribunal se ha puesto una venda delante de los ojos, y no precisamente para actuar con objetividad y con imparcialidad, sino para no ver lo que toda la sociedad española está viendo: el espectáculo escandaloso de una corrupción que mina las bases del Estado de derecho y amenaza seriamente a nuestro sistema democrático.

Para el TSJCV, la Comunidad Valenciana parece ser un remanso de paz en el que no existe corrupción alguna que deba ser investigada. Una paz que sólo es perturbada por aquellos que pretenden (Policía incluida) que hagan el trabajo para el que sus magistrados han sido nombrados. El resultado de esa actitud es la creación de una bolsa de impunidad en una comunidad autónoma que debería resultar intolerable, en primer lugar, para los militantes y dirigentes del PP, porque son los principales defraudados por las personas en las que depositaron su confianza. Aparentemente no lo está siendo, ya que los responsables de ese partido parecen haber optado por aplicar técnicas de intimidación a los jueces y policías que no consideran proclives, en lugar de colaborar con la justicia, como es su obligación.

El Estado democrático no puede permitir que se consolide una zona de impunidad en ninguno de sus territorios. La justicia tendrá que empezar de nuevo y ponerse la venda en los ojos, para investigar seriamente y con imparcialidad a las personas que están implicadas en las presuntas actividades delictivas que se relatan en los últimos informes policiales. Porque la venda debe estar en los ojos de la justicia, no en los de la sociedad.

Catedrático de Derecho Constitucional