Parecía imposible superar el grado de higiene democrática alcanzado hasta que el PP ha ejecutado un triple salto mortal con tirabuzón y doble pirueta en medio del delirio de la concurrencia. Hasta ahora, lo normal venía siendo que el partido presentara un candidato y que, tras un tiempo en el desempeño de sus funciones, fuera imputado por corrupción. Como el asunto podía prolongarse más de lo necesario, los de Rajoy han patentado un nuevo sistema mediante el cual el llamado a tomar posesión ya viene imputado de casa, lo que facilita mucho el trabajo.

Es el caso de Felipe del Baño, exconcejal de un pueblo de Valencia, San Antonio de Benagéber, imputado por prevaricación junto al alcalde del municipio por el encargo de unos libros cuyo paradero se desconoce que costaron 50.000 euros y por un contrato verbal para un trabajito de jardinería que se llevó otros 50.000 del ala. Del Baño toma posesión del escaño de diputado autonómico de Juan Cotino, todo un símbolo en Valencia, que deja la política decepcionado por no haber logrado aún ser imputado pese a las habilidades que había demostrado para ser acreedor de tal distinción.

El PP lo tenía todo previsto. Por si a Del Baño, en un acceso de vergüenza torera, le hubiesen dado ganas de renunciar al acta, el siguiente en la lista era el alcalde de Enguera, Santiago Arévalo, también imputado por prevaricación. Eso sí, para no distraerse y dedicarse en cuerpo y alma al escaño, Del Baño ha renunciado a su puesto en el comité de derechos y garantías de la organización en Valencia, que es el órgano que se encarga de aplicar el código ético de los populares.

Todo apunta a que el partido de la regeneración está ensayando un nuevo sistema de cuotas para golfos, primer paso antes de establecer la obligatoriedad de listas cremallera en las que la paridad sea absoluta. En las Corts valencianas, con Del Baño son tres los imputados, aunque Ricardo Costa y Yolanda García lo sean por el caso Gürtel.

Como tres parecieran pocos, otra diputada del PP, Elisa Díaz, decidió hacer la guerra por su cuenta y en una disputa a cuenta de una pelea entre perros dio un mandoble a un británica que la dejó sorda. El fiscal le pide año y medio de cárcel. Díaz es hija del excalde de Alicante Luis Díaz Alperi, quien, tontamente, dimitió hace meses como diputado justo cuando tenía abierto juicio oral por tres delitos contra Hacienda y uno de cohecho impropio, además de estar implicado en el caso Brugal por favorecer, presuntamente, al empresario Enrique Ortiz en el Plan de Ordenación Urbana de la ciudad.

El PP parece bien situado en Valencia para conseguir su objetivo, aunque hay que reconocer que Baleares aún tiene ventaja con sus docenas de imputados y condenados gracias, fundamentalmente, a la impronta de Jaume Matas, el hombre que popularizó las escobillas de váter de 300 euros que hasta ese momento eran las grandes desconocidas del interiorismo. Un estudio del Círculo Catalán de Negocios concluía recientemente que Baleares fue entre 1984 y 2013 el territorio con más casos de corrupción por millón de habitantes (31), con una querencia irresistible de sus protagonistas a militar en el PP.

Gran parte del trabajo constante realizado por los populares puede verse ahora felizmente culminado, donde no hay día que un exministro no pase por el juzgado y enseñe el DNI. Tal y como publica hoy en ese diario Ana Pardo de Vera, el 75% de los ministros de uno de los Gobiernos de Aznar está imputado, cobró sobresueldos o, como es el caso del ya citado Matas, cumple condena entre rejas.

Sin embargo, ha tenido que pasar demasiado tiempo para que los frutos estén a la vista. De ahí que la idea de que los cargos electos sean ocupados directamente por imputados sea revolucionaria. Enhorabuena al ideólogo.