En España existe un abismo entre a regulación de la videovigilancia pública y la privada: mientras que todos los sistemas manejados por la policía cuentan con una Ley Orgáncia (4/1997) y deben ser autorizados previamente por una comisión independiente y renovados cada año, la privada está sujeta sólo a una instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos (I/2006).

Esta desproporción es la razón por la que en muchos lugares las mismas autoridades públicas optan por generalizar los sistemas de circuito cerrado de televisión en transportes públicos, donde la seguridad es siempre privada y por lo tanto sus sistemas de vigilancia no están sujetos a la Ley Orgánica. O por justificar cámaras de control del espacio público como si fueran cámaras de control del tráfico, que también es más fácil de autorizar (a excepción de Catalunya).

Mientras a algunos nos preocupa equilibrar esta situación a través de la creación de mayores mecanismos de control de la videovigilancia privada, sin embargo, nos desembarca por la puerta de atrás la Directiva Bolkerstein, de liberalización de servicios en el mercado interior de la UE, que en su adaptación a la legislación española a través de la Ley Ómnibus establece:

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad.

Los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada (...).

Es decir, que la ya débil regulación de la videovigilancia privada queda en nada, y en lugar de compensar el desequilibrio, lo convertimos en abismo infranqueable: cada uno será libre de instalar videovigilancia y captar imágenes de otras personas sin su consentimiento ni acato a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ni siquiera.

El discurso de la liberalización de servicios, pues, no sólo se lleva por delante el Estado del Bienestar, sinó que arremete también contra derechos fundamentales, dejándonos sin cobertura legal ante la vulneración de principios básicos.

Así que sigamos sonriendo, que es por nuestra seguridad y la libre competencia.