Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencias Políticas

La derrota de ETA es un hecho. Se pueden emplear eufemismos y paráfrasis diversas para suavizar la percepción del fracaso, pero este es incuestionable. ETA no prosigue su sanguinaria carrera no porque no quiera sino porque no puede, porque ha sido acosada y destruida policial y judicialmente y ya solo cuenta los plazos para su definitiva liquidación sin haber alcanzado ni uno solo de los objetivos políticos que se propuso en sus ya lejanos orígenes.

Mucho ha coadyuvado a este final la generalizada sensación de hartazgo con la violencia sin sentido, los asesinatos, los atentados, las extorsiones, que sembraban el terror y dañaban la convivencia ciudadana. Esa sensación eliminó los últimos vestigios de apoyo y simpatía populares que pudo haber tenido la banda en épocas pasadas. Hace tiempo, quizá desde el asesinato de Miguel Angel Blanco, que la sociedad en general no se hace ilusión alguna acerca de la naturaleza de ETA: una banda criminal.

En tales circunstancias y porque estas así lo exigen para responder a ese anhelo generalizado de restablecimiento de la normalidad ciudadana, el gobierno ha trazado un plan de acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco siempre que cumplan ciertos requisitos. Se trata de una solicitud, un apremio que se le ha hecho desde diversas posiciones para que dé un paso que permita a todos avanzar en la vía de la terminación definitiva de la violencia y capacite a los mediadores y simpatizantes de la banda para exigir de esta su disolución última, la entrega de las armas y la colaboración con la justicia. El gobierno las ha atendido, facilitando la reincorporación de los presos etarras al suavizar bastante los requisitos que había impuesto el gobierno anterior y porque no tiene más remedio porque una sociedad libre no puede usar a los presos como rehenes.

Rajoy tiene la suerte de contar con una oposición mayoritaria que apoyará sus medidas sin enjuiciarlas ni criticarlas y, desde luego, sin convertirlas en munición en la controversia política con el fin de acosar y derribar el gobierno, como hizo él en varias ocasiones. Es decir, cuenta con una oposición útil, que no se le enfrentará en la calle, agitando pasiones y haciendo demagogia. En cambio se enfrenta a algunas asociaciones de víctimas que hablan de “traición” del gobierno por haber este abandonado la pretensión de que los terroristas pidan perdón a las víctimas y atiendan a las responsabilidades civiles en las que hayan incurrido.

Y también se enfrenta a algunas corrientes dentro del propio partido, singularmente en torno a Mayor Oreja, para quienes la situación actual no se diferencia gran cosa de las treguas-trampas del pasado pues están convencidos de que ETA no se disolverá sino que aprovechará para reorganizarse y rearmarse. Señalan como prueba el hecho de que siga realizando actividades de mantenimiento y captación.

Desde luego el gobierno no puede descartar la posibilidad de que, en efecto, se trate de una trampa más de ETA, pues la organización ha dado suficientes pruebas de no respetar ningún tipo de acuerdo al que únicamente se llegue empeñando la palabra. Pero esa prudencia no puede paralizar por completo su acción y el cumplimiento de su deber de acabar con la violencia etarra. De forma que Mayor Oreja y quienes lo siguen quizá continúen atacándolo e, incluso, manifestándose en contra en colaboración con las asociaciones de víctimas que se oponen de frente a la suavización de las condiciones para el acercamiento.

Estas asociaciones de víctimas, sin duda, gozan de legitimidad sobrada para que su opinión se escuche en materias que las afectan. Todas las medidas del gobierno deben ser consensuadas con ellas en la medida de lo posible. Las víctimas tienen derecho a hacer oír su voz pero no a imponer incondicionalmente su criterio al conjunto de la sociedad, entre otras cosas porque puede estar animado de un deseo de venganza al que la ciudadanía no debe allanarse. Las víctimas han ser resarcidas, por supuesto, pero no en los términos que ellas mismas decidan, sino en los que la sociedad, a través de sus instituciones, considere justos.