Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencias Políticas

La llegada la próxima semana del papa está rodeada de controversia, y con razón. La Iglesia española ha probado su maestría en la organización, garantizando al pontífice unos actos multitudinarios, llenos de pompa y boato con la máxima proyección mediática. Y eso a pesar de que, como se empiezan a temer, la asistencia vaya a ser menor de la inicialmente prevista.

La Iglesia parte del supuesto de que le asiste un derecho a ocupar los espacios públicos para actos privados (ya que la visita es pastoral), lo cual es más que discutible en un Estado carente de religión oficial. En eso goza de la aquiescencia de las autoridades, que ponen cuantiosos recursos públicos, humanos y materiales, a disposición de las jornadas y a cuenta del contribuyente. Las autoridades estatales han manifestado el deseo de que el papa no se pronuncie sobre la legislación vigente en el Estado a tres meses de las elecciones. Pero no es el ánimo de la jerarquía ni del ilustre visitante, que ya ha advertido de que hará las consideraciones morales que el momento requiere. Algo de nuevo más que discutible porque la visita es pastoral, pero es en realidad de Estado y en parte la sufragan los contribuyentes, incluso los partidarios de dicha legislación.

Otro asunto es el coste desmesurado del acontecimiento en un momento de estrecheces generales. Produce una impresión muy negativa que en nombre de Cristo se haga ostentación de tanto despilfarro. Y esa impresión no se contrarresta al escuchar que los peregrinos dejarán mucho dinero en Madrid; al contrario, se agudiza al revelarse la faceta mercantil del acontecimiento. Y menos aún con afirmaciones insólitas como la del cardenal Antonio Cañizares, para quien el problema de Europa no es la crisis, sino que ha perdido a Dios. Lo que han perdido más de cuatro millones de personas en España es el empleo.

La llegada del pontífice coincide con un momento de agitación ciudadana a cuenta de los indignados y acampados del 15-M, cuyo derecho a la ocupación de espacios públicos no puede ser mayor que el de los seguidores de Benedicto XVI, pero tampoco menor. Las autoridades están obligadas a garantizar el orden público, pero no pueden hacerlo privilegiando a unos y persiguiendo a otros.