'Público' y ETA

MADRID.- Este fin de semana, Público sacó a portada una información muy relevante sobre la desclasificación de documentos oficiales en Uruguay y contó cómo el Gobierno de Felipe González extendió los tentáculos de su guerra sucia hasta este país buscando etarras que, según ellos, permanecían ocultos en medio de la diáspora vasca, pero que el Ejecutivo del PSOE tenía localizados como tales.

Para facilitar el control de estos objetivos (alguno amenazado por el GAL, según los papeles), la Secretaría de Estado de Seguridad de Rafael Vera (siempre según los documentos desclasificados de los que se ha hecho Público) pagaba con el dinero de todos nosotros/as sobornos y otras compensaciones al Gobierno de Uruguay de entonces. Informamos pues sobre un episodio de la 'guerra sucia' que ilustraba toda su crudeza y toda su miseria moral, ni más ni menos.

El titular de este diario (El Gobierno de Felipe González sobornó a policías uruguayos para perseguir a refugiados de ETA) provocó una cascada de reacciones y amenazas personales por calificar a etarras de "refugiados" que no ha cesado desde ayer. Más allá de ignorar a quienes se aferran desesperadamente a los despojos de una banda terrorista en extinción como razón de ser de su militancia política, su trabajo o, incluso, su vida, esta directora quiere poner en sus justos términos el titular de Público por ser un contenido extremadamente sensible en el que el periódico rechaza cualquier atisbo de ambigüedad para informar con objetividad, como siempre lo ha hecho, sobre el terrorismo de ETA y sobre la guerra sucia para acabar con la banda.

Uruguay dio el estatus de refugiado a muchos vascos que emigraron a este país; entre ellos, había etarras o señalados como tales por el Gobierno español (que, en su huida hacia delante con el GAL, cometió errores garrafales en este terreno, como bien demostró, entre otros, el secuestro de Segundo Marey). Que los señalados por el Gobierno de González como miembros de ETA tuvieran estatus de refugiados, sin embargo, no significa que el Ejecutivo uruguayo lo supiera cuando lo extendió, ni mucho menos. Tampoco lo contrario porque no hay más constancia probatoria que los documentos oficiales sobre esa oscura etapa.

Obviamente, cuando Público titula por "refugiados de ETA" no trata de librar de culpa alguna a los terroristas, sino reflejar un estatus que, con intención o no, se había dado a un determinado colectivo (hechos y hechos, ya saben, lo normal en una información bien atada), pero la mezquina maquinaria de quienes, estando ETA por el medio, siempre tienen algo que decir y con que aliviar su resentimiento, nos puso en la frente el cartel de "Defensores de ETA". Es tan absurdo que hasta me cuesta escribirlo.

Con todo, no quiero evitar mi responsabilidad y autocrítica en este asunto y, tras hablar con varias personas merecedoras de todo mi respeto por su conocimiento del tema (víctimas de ETA, incluso), concluí que la información no iba a verse mermada en su relevancia (destapar la guerra sucia' de la que, aún hoy, en su propio partido, siguen negándole responsabilidad alguna a Felipe González) por evitar cualquier atisbo de ambigüedad al sustituir el término "refugiados" por el de "miembros de ETA".

Ha habido en las redes quienes han deseado mi muerte o la de mi familia a manos de ETA por poner "refugiados" sobre quienes lo eran en Uruguay. Pero fíjense en qué poca consideración tengo yo a los justicieros que ni siquiera a los miembros de ETA les deseo que sean asesinados por otros terroristas, sino que tengan un juicio justo y se honre así la memoria de unas víctimas a cuyas familias entiendo inconsolables.