Josep Maria Antentas

Profesor de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

No hay duda. Se acerca el momento de la verdad. Pero ¿cuál? Las próximos meses valdrán por años. Para bien o para mal pueden marcar una aceleración y un punto de inflexión irreversible hacia la ruptura del marco institucional creado en 1978, o pueden representar el hundimiento épico del proceso iniciado en 2012, dejando tras de sí un legado de cinismo y frustración sin parangón.

Los primeros compases del guión de las semanas venideras parecen claros. Tras la movilización del 11-S el Gobierno de Mas aprobará la Ley de Consultas y a partir de ahí éste firmará el decreto de convocatoria de la consulta, que previsiblemente será suspendida por el Tribunal Constitucional. A partir de ahí caben dos vías. Mantener hasta el final un pulso desobediente democrático que sólo daría alas al proceso soberanista y desgastaría al Estado, o dar marcha atrás. Y en esta segunda opción a su vez existen varias posibilidades, desde la búsqueda de otras vías a corto plazo para permitir el ejercicio democrático del derecho a decidir, hasta intentos de dilatar sine díe el proceso.

Acatar al Tribunal Constitucional, como todo apunta que es la voluntad de Mas a pesar de su grandilocuencia gestual, sería un error estratégico de primer orden. Un muy mal síntoma. Defender la consulta sí o sí debe ser el primer paso de esta partida. Desobedecer una prohibición injustificable e inexplicable fuera del Estado español, pero también ante una parte considerable de la opinión pública española es el principal reto de las fuerzas democráticas catalanas. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y quienes encabezan al movimiento independentista deberían apostar claramente por esta vía y no aceptar la política de planes B de incierto contenido. Ante la evidencia de que no es así, son las fuerzas de izquierda quienes deben convertirse en los principales valedores de la consulta. En el momento de la verdad no debe quedar duda de quien apuesta hasta al final por el derecho a decidir.

¿Unidad? ¿qué unidad?

En esta situación será clave en los próximos meses mantener un bloque unitario lo más amplio posible entre los partidarios de la consulta. Una unidad, sin embargo, que no puede ir a remolque del Gobierno de Mas, sino que debe mantener una firme presión sobre el mismo y una pretensión de desbordarlo. No hay que dejar ningún resquicio para un retirada, o para posponer por enésima vez el momento culminante y retardar los plazos de un proceso que no puede sostenerse indefinidamente en el tiempo si no quiere perder fuelle. La unidad para defender la consulta no debe confundirse con el mantra de la unidad patriótica que reduce todas las contradicciones sociales a la cuestión nacional y sirve para desactivar la resistencia a las políticas de austeridad. El escándalo Pujol debería ser el toque de atención definitivo para todos aquellos que todavía defienden esta política con buena intención. Los problemas están en casa, no sólo al otro lado del Ebro.

La justificación de una estrategia independentista desconectada de las reivindicaciones sociales se basa en el argumento de que primero hay que avanzar todos juntos por la independencia, para no dividirnos y debilitarnos, y después ya discutiremos qué tipo de Catalunya queremos. Hay varios puntos débiles en esta argumentación. Primero, la unidad en favor del ejercicio del derecho a decidir no es incompatible en que cada cual defienda su modelo de país. Segundo, un independentismo sin contenido social se muestra incapaz de conectar con una parte importante de la sociedad catalana de origen popular y trabajador menos identificada con el catalanismo. Tercero, hoy, aquí y ahora ya hay un modelo de país y quienes mandan lo van definiendo día a día, a base de recortes, despidos y desahucios. Ya existe una Catalunya, la del poder financiero, su Catalunya. ¿Por qué hay que posponer la defensa de nuestra Catalunya? ¿Por qué quienes queremos una Catalunya sin recortes, desahucios y despidos tenemos que posponer nuestras propuestas? ¿Acaso no habría que pedir lo mismo a quienes recortan, desahucian y despiden? ¿No tocaría entonces pedir que recortes, despidos y desahucios se pospongan también en favor de la unidad de todos? No hay duda: despedir, desahuciar y recortar divide a la sociedad catalana. Pero beneficia a algunos, y esto es lo que al final cuenta. Y, en cuarto y último lugar, nunca hay que olvidar que en un proceso de transición quien lo controla determina lo que viene después, y que tras el mismo las relaciones de fuerza entre actores sociales no son nunca iguales. Las concesiones y desmovilizaciones de hoy nunca se recuperan en el mañana.

La subordinación de las demandas sociales y las transformaciones socioeconómicas a las reivindicaciones políticas tienen una larga tradición de fracasos en la trayectoria de los movimientos populares de todo tipo. La historia está llena de revoluciones por etapas en las que tras la democrática la etapa social nunca llegó y se perdió en el espacio-tiempo de las ilusiones rotas. No hay que ir tampoco muy lejos: paradójicamente el discurso de “primero la independencia y luego lo demás” se asemeja asombrosamente al argumento de “primero la democracia y luego los derechos sociales” propio de la Transición y que sirvió para justificar renuncias y concesiones que nunca se recobrarían. En política las promesas para el futuro no existen, son tan ilusorias como fugaces. Aprovechar el momento oportuno, la coyuntura adecuada es la base para cualquier movimiento reivindicativo. Lo que no se consigue hoy nadie puede garantizarlo para más adelante. Pero dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, no lo olvidemos...

La unidad nacional, además, lejos de ser una política coyuntural, acaba por convertirse en una estrategia permanente en la que una vez dentro no hay salida a la vista. Si ahora se acepta el argumento de “primero la independencia y luego lo demás”, luego tocaría aceptar, en la hipótesis de una Catalunya independiente, la austeridad impuesta por la Unión Europea. “Tranquilos, hay que hacer sacrificios para que la Troika nos reconozca, pero más adelante ya recuperaremos los derechos perdidos”, sería entonces el argumento. Siempre hay una buena excusa para posponer las políticas redistributivas y las ampliaciones de derechos.

La paradoja de la situación es que, aunque en las grandes movilizaciones del 11-S de 2012, 2013 y la de este año se separe explícitamente la reivindicación nacional de la social, ésta última está presente de forma latente. Quienes piden la independencia lo hacen en su mayoría porque piensan que ésta será sinónimo de más democracia y más igualdad. Ahí está la base, precisamente, para tirar del hilo en favor de un proceso constituyente desde abajo y participativo que, recordémoslo, no está en ninguna agenda oficial.

Hay, bajo el proceso independentista, un doble conflicto entrecruzado. El primero, en la superficie, el choque institucional entre el aparato estatal y el Gobierno catalán. Un segundo, más profundo, entre la política de la calle, de la participación y la democracia real, y la política desde arriba. Este último contrapone abiertamente al movimiento popular catalán contra Rajoy, pero también lo contrapone soterradamente a quienes desde Catalunya quieren gestionar, en el mejor de los casos, el derecho a decidir desde arriba y por cauces controlados, como un mero acto puntual, sin lógica constituyente y democratizadora. Existe una doble razón de Estado a impugnar, la del Estado español realmente existente y la del Estado catalán inexistente. Ambas tienen potencial anestesiante. Combatirlas requiere enfrentarse abiertamente a la primera, sin dejarse instrumentalizar por la segunda.

Crisis política y reconfiguraciones

Bajo el impacto combinado de las políticas de austeridad y el proceso independentista, el sistema tradicional de partidos catalán se ha autodestruido. Su dos grandes pilares, CiU y PSC, han entrado en crisis. El segundo, sin credibilidad alguna ni en el eje social ni en el nacional, se desliza por una pendiente de no retorno cuyo destino final se llama PASOK. La primera, aunque en mejor posición, sufre un desgaste imparable, porque la austeridad le pasa factura y por su credibilidad relativa respecto al proceso soberanista.

A diferencia del sistema de partidos del Estado español, donde PP y PSOE están en caída, pero todavía no han sido sobrepasados por ninguna fuerza emergente aunque ya sienten el aliento de Podemos tras de sí, la crisis de CiU y PSC es más profunda y han perdido el liderazgo político-electoral. Pero, debido a la centralidad del debate sobre la cuestión nacional, quien se beneficia de la crisis política es una fuerza, ERC, que encarna un proyecto de ruptura en lo nacional pero continuista en lo económico, y no una fuerza antiausteridad como Syriza en Grecia o Podemos en el Estado español. Ésta es la gran paradoja de la crisis política catalana.

En este escenario resulta imprescindible articular una amplia alternativa política soberanista y contraria a la austeridad. La propuesta que viene defendiendo el Procés Constituent de Arcadi Oliveres y Teresa Forcades desde abril de 2012 es, ahora mismo, más necesaria que nunca. Ante el declive de CiU y PSC y el ascenso de ERC, se echa en falta un nuevo actor que pueda convertirse en un puntal de la política catalana y que encarne la crítica a las políticas de austeridad y a la política tradicional que estalló el 15-M de 2011. Ni ICV-EUiA, ni Podem, ni la CUP ni el propio Procés Constituent, por su cuenta, tienen la fuerza para convertirse por sí mismos en una alternativa que pueda desestabilizar por la izquierda a la política catalana. Momento entonces de plantearse fórmulas de confluencia y trabajo conjunto. Pero atención, un nuevo actor de este tipo no podrá ser sólo una suma de siglas, sino que requiere a la vez convergencias de gentes no organizadas y de organizaciones existentes. Y, aún más importante, sólo tendrá sentido si encarna una ruptura neta con la política tradicional y la cultura institucional que tanto daño ha hecho a la izquierda desde la Transición hasta ahora. Sin duda, lo nuevo y lo rupturista debe prevalecer en cualquier futuro bloque y propuesta de confluencia.

Sólo si es posible articular un nuevo instrumento político así, la crisis del sistema político catalán tradicional se habrá completado y habrá dejado paso a un nuevo sistema de partidos. Sería un desastre que tras los restos de CiU y PSC no hubiera ninguna fuerza con peso social, electoral e institucional con un proyecto de país que no pase por la obediencia al mundo financiero y a la Troika, y que la nueva hegemonía de ERC se viera facilitada e incontestada por una izquierda fragmentada en múltiples opciones sin vocación mayoritaria. Por primera vez en décadas, quienes queremos no sólo un cambio político, sino también un cambio de modelo económico y social tenemos posibilidad de jugar un papel relevante en la política catalana. Algo que no sucede a menudo. Algo inimaginable hace tres años. Algo que todavía cuesta creerse. Dejar pasar este tipo de oportunidades tiene a la larga un precio colectivo mucho más alto que los aparentes sacrificios y dificultades a corto plazo para fraguar confluencias.

Dentro y fuera

La consulta del 9-N dista mucho de ser un affaire simplemente catalán. Contrariamente a lo que el sentido común mayoritario del independentismo catalán cree, lo que pase fuera de Catalunya es determinante. Sin aliados fuera, el ejercicio del derecho a decidir es mucho más complejo y la presión hacia la unidad con los patriotas que tienen dinero en Andorrra es mucho más fuerte. Y, al revés, contrariamente a lo que piensa buena parte de la izquierda española, el proceso independentista catalán, lejos de ser un molesto incordio, un marrón del que se prefiere no hablar, es, bien aprovechado, una fabulosa oportunidad para asestar un golpe certero al maltrecho buque de la Transición. Una ocasión única para abrir una vía de agua definitiva al Hispanic. Conviene repetirlo una y otra vez: quienes quieren impedir el derecho al pueblo catalán a votar el día 9-N son los mismos que no han dejado al pueblo español escoger entra monarquía o república, los mismos que han recortado sanidad y educación, amparado a los bancos frente a las familias, y que se tapan entre sí los casos de corrupción. Aunque lamentablemente no esté explícitamente formulado y comprendido, hay muchos puntos de interés común entre buena parte de quienes piden la independencia de Catalunya y quienes se oponen al bipartidismo del PP-PSOE y a sus políticas. Si Rajoy (y el PSOE de Pedro Sánchez) pierde el pulso catalán, su autoridad en todo el Estado quedará debilitada. La sensación de naufragio será generalizada.

Es precisamente de esta doble comprensión estratégica, en Catalunya y fuera de Catalunya, de donde debe nacer el germen de una voluntad de libre convivencia y vecindad y de alianza entre pueblos soberanos frente al poder financiero doméstico e internacional. Inversamente a las pasiones al uso, no hay que enfocar la cuestión nacional desde un punto de vista identitario o emotivo, sino democrático y estratégico. Ahí está la clave para no perderse por el camino, equivocarse de amigos y adversarios, errar en las prioridades y hacer el juego a quienes quieren que nada cambie o a quienes quieren que todo cambie para que todo siga igual.

Nadie sabe qué pasaría si hubiera un choque frontal entre las instituciones del Estado español y las catalanas. Nadie vislumbra con claridad el resultado de una colisión frontal. Pero de una sacudida así nada bueno puede acontecer para el maltrecho régimen actual, y muchas posibilidades pueden abrirse para las fuerzas democráticas y antiausteridad de todo el Estado, a condición que sepan leer el momento y no dejen la iniciativa a los que luchan para mantener contra viento y marea un marco político e institucional que se tambalea.