Trabajadoras de hogar, cuidadoras de personas dependientes, trabajadores de la construcción y de la hostelería atrapados en Ceuta desde el cierre de la frontera con Marruecos, al inicio de la pandemia, se han vuelto a dar cita por duodécima vez en la plaza de los Reyes este lunes 1 de noviembre, a pesar de ser festivo, para reclamar a la Delegación del Gobierno el cumplimiento de la normativa de extranjería y, en definitiva, el cumplimiento de sus derechos como trabajadores y trabajadores transfronterizos.

Hima, Rachida, Amina, Fatima, Ahmed, entre otras compañeras y compañeros, acuden cada lunes a manifestarse antes del comienzo de su jornada laboral, para exigir respeto, dignidad, y reconocimiento, porque tal y como dictan los acuerdos internacionales, nacionales y la deontología jurídica bajo la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, las personas extranjeras tienen derechos inherentes a su condición, que deben ser respetados, independientemente de la situación de ingreso o tránsito en la que se encuentren. Y en Ceuta, estos derechos no se cumplen.

Rachida Jraifi, portavoz de las trabajadoras y trabajadores transfronterizos denuncia que "Ceuta es una cárcel. No podemos movernos, irnos, ver a nuestra familia. Estamos atrapados, encerrados. Tenemos miedo de irnos y perder nuestro trabajo".

Este colectivo lo componen personas que cruzaban la frontera entre Marruecos y España para trabajar, habitualmente, como trabajadoras de hogar, cuidadoras de personas dependientes y en la hostelería, y en el caso de los hombres, en la construcción. Se trata de personas que llevan más de 20 años contribuyendo, aportando, y trabajando para el sostenimiento del Estado de Bienestar español.

Se calcula que son más de 3.500 las personas procedentes de Marruecos que se encuentran en estas circunstancias, y que han quedado encerradas a ambos lados tras el cierre de la frontera.

A la luz de la crisis sanitaria y la situación de excepcionalidad que vivimos desde marzo de 2020, la frontera entre Marruecos y España continúa cerrada y estas trabajadoras llevan dos años sin poder cruzar la frontera, sin poder ver a sus familias y viviendo en una situación inaceptable. Esta circunstancia se manifiesta en una separación física y emocional que tiene repercusiones a nivel emocional gravísimas "hay madres que tienen a sus hijos solos en Marruecos, y no han podido visitarlos desde el cierre de la frontera". Como relatan Amina Sammat, Fatima Essouheli y Rachida a la APDHA, "hay personas con familiares fallecidos que no han podido despedirlos, hijas que no han podido abrazar por última vez a sus madres". Igualmente, denuncian la historia de una mujer trabajadora que falleció hace unas semanas, después de mucho tiempo reclamando sus derechos cada lunes, y su familia todavía no ha podido ir a Ceuta a despedirse de ella.

Al margen de la justicia y excluidas del amparo estatal, pues habitan en un limbo desconocido entre ambos países, sus derechos se encuentran sujetos a los acuerdos geopolíticos y estratégicos que se desentienden de lo humano, lo esencial y de lo cotidiano. "Estamos en un laberinto", afirma Rachida

Cada una de las voces que se elevan en la plaza de los Reyes cada lunes tiene una historia, y a la par, una grave herida a nivel emocional y socioeconómico generada por las perversas políticas migratorias. Una situación inadmisible que, desde las instituciones, no se atiende y no se escucha o no se quiere escuchar, a pesar de que en Ceuta, buena parte de las familias cuentan con los servicios y el apoyo para los cuidados básicos de una trabajadora de hogar marroquí. Incongruencias y falta de voluntad a nivel ejecutivo que son incomprensibles al llevar más de 20 años conviviendo con estas personas que han cuidado tanto de los hijos como de las personas que necesitan cuidados específicos, y que, desde luego, han sostenido el bienestar del territorio y de muchas familias durante los últimos 20 o 30 años.

Mientras las instituciones y los partidos insisten en hablar de fronteras, desde el propio colectivo, e igualmente la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), reiteramos que "no hablamos de fronteras, sino de derechos humanos y laborales básicos".

Las personas trabajadoras en régimen transfronterizo se encuentran en una situación de total desamparo por la falta de reconocimiento de sus derechos más esenciales. El colectivo exige una solución digna y duradera, acorde con el cumplimiento de la normativa de extranjería y la justicia, después de llevar casi 30 años trabajando, en muchos casos. No tienen, ni han tenido la posibilidad de construir una estabilidad vital y familiar. Esto genera una completa vulneración de su derecho a la vida digna y a la intimidad familiar, principio básico de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, y entre otros, el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Incidimos en que esta situación sólo sucede en Ceuta, pues los miembros de este colectivo en otro lugar del territorio español, después de tantos años trabajados, tendrían sus permisos de trabajo y residencia, acogiéndose a la figura jurídica del arraigo, lo cual se podría regularizar como un arraigo social, laboral o familiar.

Además, el cierre de la frontera ha ocasionado que, a la mayoría, se le haya caducado la documentación. No han podido cruzar a Marruecos para la preceptiva renovación de los documentos, pues un requisito es la presencialidad, y la frontera continúa cerrada, a lo que se suma además que, con una eventual apertura, no puedan volver a ingresar en Ceuta. Esto ha causado que la tarjeta de trabajador transfronterizo haya caducado, bloqueándolas en un limbo jurídico y socioeconómico entre ambos países.

Pero estas vulneraciones van más allá. En un escenario de una crisis sanitaria gravísima a algunas de estas personas incluso se les ha denegado un derecho elemental como es el acceso a una asistencia médica digna y negado la atención médica. Así lo corroboraba Rachida Jraifi, portavoz de las trabajadoras y trabajadores en régimen transfronterizo de Ceuta, "tenía que ver unos resultados de análisis y no me los dieron por no tener la tarjeta sanitaria renovada, no me dieron el volante ni la receta, solo me dijeron que tenía que solucionarlo con el médico, pero nadie me ayudó a solucionar el problema. Para renovar la tarjeta sanitaria, tendría que renovar la tarjeta de transfronteriza, y para eso tengo que renovar mi documentación, y Marruecos nos exige ir personalmente, pero la frontera sigue cerrada". Lamentablemente el de Rachida no es el único caso, pues desde la APDHA hemos conocido otras vulneraciones del derecho a la salud, derecho contenido en la categoría de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), reconocido por numerosos textos internacionales de derechos humanos. Se trata de mujeres que no se han podido operar, realizar análisis o acceder a los servicios básicos de salud a causa de tener la tarjeta caducada.

Pero las consecuencias no solo las han sufrido a nivel físico. Su salud mental también se ha visto afectada por altos niveles de ansiedad y depresión. Rachida relata que "hay personas que sufrieron depresiones muy fuertes, personas con hijos y madres enfermas en Marruecos, y ellos siguen en Ceuta sin poder visitarlos. Desean ver a su familia, pero quieren seguir con su trabajo, se encuentran entre la espada y la pared". La salud y la estabilidad de estas personas se ha visto agravada debido a la extrema incertidumbre y a la desprotección legal en la que se encuentran, ni España ni Marruecos se hacen responsables de la circunstancia y las consecuencias tan gravosas que todo ello les está deparando a nivel humano.

Esta es la realidad que construyen los dirigentes, que se reúnen mensualmente para estructurar y externalizar las políticas migratorias y la instrumentalización del régimen de excepción: el control del ingreso de personas extranjeras sigue operando y las políticas de excepcionalidad y otredad continúan repercutiendo gravemente en las personas más vulnerables.

Las vulneraciones de derechos se producen en el día a día, en la absoluta cotidianeidad, en el ámbito de lo doméstico, lo "privado", todo aquello queda al margen del prisma público, de la pantalla y, en definitiva, de la atención, la mirada y las políticas públicas.

El colectivo ha transitado con fortaleza -compartiendo sus heridas en la comunidad, sacando su voz y reclamando sus derechos- de lo privado a lo público y "de lo personal a lo político". Han sido el apoyo mutuo, la voz, la solidaridad, la lucha, el esfuerzo y el compromiso colectivo de estas trabajadoras y trabajadores en sus reuniones y concentraciones de cada lunes los que han hecho visibles estas vulneraciones de sus derechos.

Es inadmisible que esta situación perdure y es urgente que el Gobierno escuche, atienda y proponga una solución eficaz, digna y duradera a la situación del colectivo de trabajadores en régimen transfronterizo. De lo contrario en Ceuta se seguirán violando los derechos humanos.

Por todo ello, en la APDHA apoyamos y seguiremos apoyando a este colectivo, denunciando junto a ellas y ellos que esta situación está vulnerando la dignidad y la libertad de estas personas. Animamos a todos los colectivos y organizaciones a firmar el manifiesto por los derechos de las trabajadoras transfronterizas en Ceuta, en el que exigimos medidas urgentes por parte de la Delegación del Gobierno en Ceuta para regularizar la situación de estas personas y terminar con la injusta vulneración que sufren.