Rafael Mayoral, Ana Marcello y Federico Severino

(Secretaría de Sociedad Civil y Movimientos Sociales de PODEMOS)

Resulta escandaloso el secretismo interesado con el que el que se ha escamoteado a la opinión pública la posibilidad de un debate informado sobre el Tratado de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) entre la UE y EEUU. Ya va siendo hora de que se introduzca en el debate político la cuestión del TTIP. Estos acuerdos, siempre aparentemente abstractos y lejanos, de cuya importancia angular nunca se informa a la gente, aparecen como caídos del cielo. Pero sabemos que estos tratados se vienen cocinando a fuego lento desde hace tiempo. Necesitamos conocer su contenido, a sus promotores y a sus silentes apoyos.

Tenemos la fundada sospecha de que cada vez con más frecuencia nuestras élites políticas hacen en Europa lo que no pueden decir abiertamente en casa. Los partidos políticos del poder pretenden evitar pagar el precio que supone dar su beneplácito a acuerdos que son un atentando declarado contra la soberanía, la democracia y los derechos de la gente. El apoyo al Tratado define con claridad quiénes son los partidos que sustentan al régimen de la austeridad, ese que antepone los privilegios de las corporaciones a los derechos del pueblo. PP, PSOE, Ciudadanos, CiU...dime con quién andas y te diré quién eres.

Con el TTIP nos encontramos ante un claro ejemplo de quiebra constitucional. Cuando nuestras leyes se convierten en un freno y un estorbo para el beneficio, se intenta desmontar desde el ámbito internacional lo que no se ha podido conseguir en el terreno nacional. La cuestión medular no es que el Tratado profundice en los experimentos que privatizan, recortan y desmantelan, de los cuales hemos sido testigos a lo largo de estos año de austericidio. El verdadero problema es que el TTIP pretende blindar y profundizar este régimen para intentar convertirlo en irreversible. La impugnación de nuestras conquistas sociales quiere venir del intento de impulsar esta "carta otorgada" impuestas por las transnacionales.

Por razones de salud democrática resulta fundamental que generemos un debate público en el que se discuta cómo el TTIP va a perjudicar a los colectivos de trabajadores, consumidores, ganaderos y agricultores, usuarios de servicios públicos y Pymes, entre otros muchos.

Un buen ejemplo que ilustra y concreta la esencia del TTIP es el conflicto que el sector del taxi mantiene con la transnacional UBER. Bajo la idea falaz de que promueve el "consumo colaborativo" y que trae "innovación al sector", UBER es un perfecto ejemplo de una empresa extractiva, que además de no pagar impuestos en nuestro país, promueve la economía sumergida y profundiza la precariedad laboral. Es interesante ver que la posición titubeante de algunos partidos políticos sobre la implantación de UBER se convierte en un apoyo consumado a la transnacional mediante su silenciosa defensa del TTIP. El Tratado quiere instaurar mecanismos (ISDS) que permitirán que multinacionales como UBER puedan modificar aquellas legislaciones nacionales y europeas que amenacen sus ganancias. El ISDS permitirá que las corporaciones internacionales puedan hacer demandas multimillonarias contra los Estados que en el ejercicio de su soberanía tomen decisiones que afecten a los beneficios previstos de esas multinacionales. El sistema de arbitraje privado que instauraría el TTIP es sin lugar a dudas una de las mayores amenazas a la democracia y a la soberanía que enfrenta nuestro país, y es sin duda la puerta trasera por la cual las transnacionales podrían imponer lo que hubiesen perdido en las urnas.

El próximo miércoles 22, una delegación compuesta por las principales asociaciones gremiales y sindicales del taxi irán acompañadas por PODEMOS al Parlamento Europeo para trasladar su indignación frente a UBER. En el momento en que la mayoría social debe convertirse en mayoría política, los espacios que ocupamos en las instituciones públicas deben transformarse en espacios para la defensa de la soberanía, la democracia y los derechos de la gente.