Esta semana ya están todas las miradas puestas en el Mundial de Catar y no son pocas las voces que están señalando las violaciones de derechos humanos en el país. Parece muy lejana una COP27 y sus infructuosas negociaciones. El hartazgo de la sociedad civil y de los países del Sur Global es palmario, cansados de la inacción política y de los pocos avances tangibles en las negociaciones de Sharm El Sheij.

Nos sobran evidencias para saber que nos enfrentamos a un reto existencial para la humanidad y se nos agota el tiempo. Incendios, inundaciones, ciclones tropicales, sequías, subidas del nivel del mar, procesos de desertificación y más de 90.000 estudios y análisis científicos sobre el tema.

Sabemos que la situación, lejos de mejorar, va a empeorar. Los desastres climáticos ya se han triplicado en los últimos 30 años, los están viviendo, en sus propias carnes, los más de 25 millones de personas que cada año tienen que abandonar sus hogares, una cifra que se multiplicará por diez en las próximas décadas. Sólo en los últimos seis años, el hambre extrema, la cara más cruel del cambio climático, se ha duplicado en países como Somalia, Níger o Guatemala, países pobres y duramente castigados por fenómenos climáticos cada vez más virulentos y recurrentes.

El infierno del que habla el Secretario de Naciones Unidas, António Guterres, no es una metáfora, es una realidad desgarradora que ya mata a miles de personas cada día: casi 70 millones en el Sahel y el Cuerno de África están al borde de la hambruna después de cuatro años de sequía seguidos. En Pakistán, 33 millones, están directamente afectadas por las inundaciones que han anegado un tercio del país.

Y, sin embargo, pese a la magnitud y el apremio de la situación, un año más, una Cumbre del Clima más, vuelve a quedar patente cómo la falta de determinación de los gobiernos y de las grandes corporaciones condena al planeta a un calentamiento global muy superior a esa línea roja de los 1,5 ºC. Los jefes de Estado, dirigentes y CEOs no pueden seguir eludiendo sus responsabilidades, escondiéndose detrás de compromisos vacíos, marcos legales laxos, plazos imprecisos y lavando su imagen con campañas de “greenwashing”. Su credibilidad pende de un hilo: falta visión transformadora, compromiso y sentido de urgencia.

Tenemos una responsabilidad colectiva para reducir nuestras emisiones drásticamente, sino las consecuencias serán irreversibles. Pero, ni todas las personas contaminamos igual, ni todas sufriremos en igual grado las dramáticas consecuencias del aumento de la temperatura del planeta. Las economías del G20 generamos más del 75% del total de las emisiones y somos las que más debemos reducirlas. Y en la cúspide, los milmillonarios, ese 1% de personas que lanza más CO2 a la atmósfera que el 50% de la población más pobre del planeta. Con sus trenes de vida, sus jets privados, mansiones, yates e inversiones contaminan un millón de veces más que cualquier otra persona. Estos pocos milmillonarios acumulan 'emisiones derivadas de inversiones' en combustibles fósiles o cemento iguales a la huella de carbono total de países como Francia, Egipto o Argentina. Su avaricia y su codicia nos están llevando a un precipicio.

En el extremo opuesto, las comunidades y países más pobres. Los 54 países del continente africano apenas generan el 4% de las emisiones globales, las islas del Pacífico el 0,01%. Son los países más pobres los que se llevan la peor parte y viven de forma desproporcionada los embates de esta crisis. Ahogados en una espiral de deuda pública y sin los recursos necesarios para poner en marcha planes de adaptación y mitigación climática frente a lo que viene.

Por ello, los países del Sur Global exigen que se cumpla con los compromisos anteriores y se desembolsen los 100.000 millones prometidos en 2009 (hasta la fecha la organización Oxfam estima que solo se ha proporcionado y movilizado un tercio, el grueso en forma de préstamos). Además, es urgente la creación de un fondo adicional de compensación para las “pérdidas y daños” millonarias que ya están sufriendo.

Los países ricos, y responsables históricamente de las emisiones (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia o la UE), no bloquean abiertamente la propuesta, pero dan una “patada hacia delante”, mientras que los países empobrecidos reclaman salir de Egipto con el mecanismo financiero acordado y un plan definido para 2024.

Generar este fondo es posible, asegurando que quien contamina, paga. Sólo en 2021, 25 de las grandes compañías de petróleo y gas consiguieron 205.000 millones de dólares en beneficios. Un impuesto extraordinario sobre estas ganancias masivas al igual que impuestos a las inversiones contaminantes de los superricos recaudaría los recursos suficientes.

Hace 20 años Murakami escribió “Cerrar los ojos no va a hacer que cambie nada. Nada va a desaparecer simplemente por no ver lo que está pasando. De hecho, las cosas serán aún peor la próxima vez que los abres”. Nuestros gobernantes harían bien en aplicarse esta máxima y abordar el problema de frente. Escuchar la voz de los que sufren, huir de los remiendos y, en su lugar, centrarse en reducir estas brechas abisales de desigualdad. Construir soluciones reales transformadoras y dejar atrás un modelo económico voraz, que persigue el crecimiento económico ilimitado de unos pocos a costa de la opresión, la falta de derechos y la destrucción de los ecosistemas. Nuestro futuro como sociedad depende de ello.