JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ

Las pestíferas aguas de la corrupción que venimos padeciendo estos días han engullido otros asuntos que requerirían también de toda nuestra atención. Entre ellos, a mi entender, merece singular reflexión lo que se ha etiquetado como “la reforma de la jurisdicción universal”; y no sólo por lo que esta implica, sino por el modo en que se ha llevado a cabo.

Su inicio es tan conocido como paradigmático. Formalmente todo comenzó cuando, al calor del debate sobre el estado de la nación, se aprobó una resolución presentada en origen por el PP, en la que se abogaba por una nueva redacción del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). A nadie pareció preocuparle que durante aquel debate no se discutiera ni palabra sobre jurisdicción universal, como tampoco nadie pareció sonrojarse cuando, apenas un día después, se incluyó la modificación pactada en un texto que, bien pudiera decirse, presenta tanta relación con la jurisdicción universal como la velocidad con el tocino: el Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial. A partir de aquí, fuimos de mal a peor.

El 25 de junio el asunto llegó al Congreso. La mayoría de las intervenciones de nuestros representantes aquella jornada denotaban que, bien no sabían exactamente de qué estaban hablando, bien utilizaban argumentos que ni ellos mismos podrían creer en su totalidad; aunque, ciertamente, al menos un portavoz reconoció no comprender algunos aspectos regulados en el Proyecto de Ley, lo que no obstó para que su grupo votase a favor de, en fin, aquello que reconocían no terminar de entender. Con todo, por parte del PP se explicitó algo que, antes y después, se ha intentado negar u ocultar. Que con esta reforma se trataba, y cito, de “solventar la problemática que afectaba a nuestras relaciones internacionales, generando a veces conflictos diplomáticos”. Las voces de aquellos diputados que se opusieron al fin de la jurisdicción universal, tal y como ha sido caracterizada por el Tribunal Constitucional, fueran desatendidas, cuando no tachadas de alarmistas.

Mientras esto ocurría, algunos corríamos como pollo sin cabeza redactando manifiestos, convocando actos, reuniones, enviando cartas, correos, solicitando entrevistas a altas autoridades del Estado, etc. Resultado: ninguno. Llegamos a octubre, y la reforma, al Senado. Se solicitó permiso para una concentración; denegado. Así, asistimos a la votación convencidos de que ellos se lo estaban guisando y ellos se lo iban a comer. Algún optimista recordaba que en sede parlamentaria se dijo que se habían “detectado algunas imperfecciones que deberán ser corregidas en el trámite del Senado”; pero lo cierto es que, otra vez, la realidad fue aun peor de lo esperado.

Las modificaciones introducidas se concretaron en una confusa alteración en torno a los “crímenes de guerra”, mientras que el debate sobre el texto completo terminó enfangado por invocaciones a, aclaro que cito, “poner coto a determinados juececitos de la Audiencia Nacional que se dedicaban a hacer lo que no debían”; o que perseguir a genocidas que no se encuentren en España de nada sirve a nuestro Estado, sólo a algunos jueces para “cobrar cientos de miles de euros por dar unas charlitas en alguna universidad”. Palabras, todas ellas, del senador popular Conde Bajén, que al menos a mí me causan tanto estupor como rechazo. Por su parte, el representante del PSOE mantuvo una posición más neutra, pero haciendo uso de planteamientos que recordaban a lo que algunos esgrimían cuando se intentó enjuiciar a criminales como Pinochet: que España no debe ir metiéndose en los asuntos de los demás, ni ha de decirles “lo que tienen que hacer”; como si tratar de acabar con la impunidad de los más horribles crímenes internacionales fuera algo similar a meternos donde no nos llaman. Dicho de otro modo, en esencia sus argumentos se resumían en que debe establecerse un sistema que permita perseguir sólo aquellos casos que “tengan relación con España”, con sus intereses; de lo que cabe colegir, sin gran esfuerzo, que entre ellos no debe encontrarse la persecución de crímenes que atentan contra el interés común de la comunidad internacional.

El diálogo de sordos se prolongó un tiempo, que en nada modificó la descalificación general, por acción u omisión, de lo que expusieron los senadores que defendieron la importancia de mantener nuestro compromiso con la jurisdicción universal, en sentido estricto. Tras ello, asistimos a la nada edificante imagen de la votación, en la que un miembro de cada uno de los grandes grupos iba señalando cómo habían de votar sus compañeros de bancada en cada enmienda. Así quedó aprobada la reforma; y de aquí, al 15 de octubre, día en el que el entierro de la jurisdicción universal en España se ha culminado finalmente, de la mano de nuestros diputados.

Se han dedicado muchos esfuerzos a pedir un debate sosegado y a tratar de exponer racionalmente que el nuevo texto del artículo 23.4 de la LOPJ no sólo supone renunciar de hecho a la esencia de la jurisdicción universal, sino que su redacción (ya) actual es tan deficiente que nos llevará a escenarios en los que, bien este precepto quedará sin contenido real, bien nos encontraremos ante un caos del que sólo se beneficiarán los más detestables criminales. Por ello, llegados a este punto, entiendo mejor transformar lo anterior en algo que creo llegará mejor a aquellos de nuestros representantes que han votado a favor de esta reforma infame. En lo que a mí respecta, y tanto por el fondo pero sobre todo por la forma en que la misma se ha desarrollado, respetuosamente les comparto que han perdido mi confianza para las próximas elecciones.

Javier Chinchón Álvarez es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid

Ilustración de Juan Ossorio