La humanidad atraviesa una de las encrucijadas más oscuras de su historia reciente. Así lo constata el último informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que publicamos desde los años sesenta del pasado siglo y que este año revela cómo los avances logrados tras décadas de esfuerzo están siendo demolidos a una velocidad alarmante. La amenaza tiene muchos rostros: prácticas autoritarias, desigualdad extrema, crisis climática descontrolada, erosión del derecho internacional y, más recientemente, el llamado "efecto Trump", que no solo ha consolidado estos retrocesos, sino que los ha acelerado.

En los primeros 100 días de su segundo mandato, el presidente Trump ha desplegado una ofensiva implacable contra los derechos humanos, atacando las instituciones multilaterales y desmantelando las protecciones más básicas de las personas más vulnerables. Esta actitud no se limita a Estados Unidos: es una inspiración para gobiernos y movimientos en todo el mundo que persiguen el mismo objetivo de concentración de poder y negación de derechos.

En su informe, Amnistía Internacional alerta sobre el retroceso global en los derechos de las mujeres y niñas. La organización denuncia cómo, en distintos contextos, se están intensificando los ataques contra la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, y la participación de las mujeres en la vida pública. Ejemplos como las nuevas restricciones impuestas por los talibanes en Afganistán, la brutal represión de las mujeres en Irán, o el impulso de políticas regresivas promovidas por gobiernos como el de Estados Unidos, agravan una situación ya precaria. Además, la falta de protección efectiva frente a la violencia de género, el incremento de barreras al acceso a servicios esenciales y la criminalización de la defensa de los derechos de las mujeres son tendencias preocupantes que, según Amnistía Internacional, deben ser revertidas con urgencia para garantizar un futuro igualitario.

El resultado es un panorama devastador: represión cruel contra la disidencia, criminalización de la protesta pacífica, ataques a defensores y defensoras de derechos humanos, impunidad generalizada en conflictos armados, retrocesos en los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+, un uso de las nuevas tecnologías sin regular que amenaza a los derechos humanos, y una profunda inacción ante la crisis climática que amenaza a generaciones futuras y también presentes.

España no es ajena a esta regresión. Nuestro propio derecho a la protesta pacífica está en entredicho. Amnistía Internacional ha documentado cómo manifestantes pacíficos siguen entrando en prisión o enfrentan amenazas de cárcel en nuestro país, mientras las prometidas reformas de la Ley Mordaza y del Código Penal siguen pendientes. Casos como el de Javitxu, encarcelado por su participación en una manifestación en 2019, o los procedimientos abiertos contra activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Futuro Vegetal, nos recuerdan que la libertad de expresión y el derecho a la protesta, esenciales para defender otros derechos, se están viendo gravemente erosionados.

La protección de los derechos económicos, sociales y ambientales también sigue siendo insuficiente en España. En materia habitacional, aunque la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda supuso un avance, su aplicación parcial —limitada apenas a Cataluña y al País Vasco— pone en evidencia la falta de voluntad política para garantizar este derecho. Los alquileres aumentan de manera desproporcionada respecto a los salarios, condenando a amplios sectores de la población, especialmente a los jóvenes, a la precariedad habitacional.

También, la política migratoria presenta también graves carencias. Mientras el discurso oficial habla de acogida y respeto —algo necesario en un momento de excesiva crispación y polarización—, la realidad para miles de niños y niñas migrantes no acompañados en Canarias es de hacinamiento, desprotección y falta de inspecciones que garanticen su seguridad. Siguen siendo necesarias acciones decididas que coloquen los derechos humanos en el centro de todas las políticas públicas.

Ante este sombrío escenario mundial y nacional, es comprensible el desaliento. Pero no podemos rendirnos. La historia nos enseña que la resistencia organizada, la presión ciudadana y la acción valiente pueden revertir incluso las peores tendencias. De hecho, ya estamos viendo señales de esperanza: países del Sur Global lideran iniciativas de justicia internacional, y la ciudadanía sigue movilizándose en defensa de sus derechos.

En Amnistía Internacional creemos firmemente que esta ofensiva contra los derechos humanos se puede revertir. Podemos —y debemos— luchar contra los regímenes autoritarios y los intereses económicos que priorizan el beneficio de algunos sobre la dignidad humana. Podemos —y debemos— defender las instituciones internacionales que, aunque imperfectas, siguen siendo la mejor barrera contra la ley del más fuerte. Y podemos —y debemos— garantizar en nuestros propios países que los derechos no sean privilegios para unos pocos, sino una realidad para todas las personas.

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Público / EFE

La resistencia frente a los ataques contra los derechos humanos requiere de cada uno de nosotros y nosotras. Nuestro cinismo e inacción es el mejor aliado de ola de retrocesos que puede parecer imparable. Necesitamos no sólo Gobiernos comprometidos con el derecho internacional sino una sociedad civil fuerte e independiente, y personas que no se resignen al miedo ni a la indiferencia.

Hoy, más que nunca, hago un llamamiento a unir nuestras voces y nuestras fuerzas. No podemos permitir que se nos robe el futuro, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Cada protesta pacífica, cada denuncia de una injusticia, cada acto de solidaridad cuenta. La dignidad y los derechos de millones de personas dependen de nuestra respuesta.

El momento de actuar es ahora.