La guerra del agua entra en campaña

La decisión del Gobierno de aumentar el caudal ecológico del Tajo, incumpliendo el acuerdo alcanzado con la Generalitat para mantenimiento del anterior caudal, ha provocado la irrupción de este asunto en la agenda electoral por parte del PP-CV para tratar de deteriorar la imagen social y ciudadana de Puig que ha pedido al Supremo la paralización del aumento del caudal

Una de las cuestiones electorales tradicionales que más titulares ha dejado en las campañas electorales valencianas ha sido la guerra del agua, y es uno de los asuntos que a los partidos políticos estatales no han sabido solucionar, y cuando lo han hecho han perjudicado a los intereses de los agricultores valencianos. La cuestión hídrica siempre ha ensalzado los elementos más primarios y con pésimos resultados para los intereses de los socialistas valencianos. Sucedió en 2004 cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogó el Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado por el ejecutivo de su antecesor, José María Aznar, y lo sustituyó por el Programa Agua basada en la construcción de grandes desaladoras, como la de Torrevieja, que nunca ha estado a pleno rendimiento, entre otros motivos, por la contaminación que genera en las costas. Aquella situación permitió al entonces gobierno de la Generalitat, presidido por Francisco Camps, bajo el eslogan ‘agua para todos’ lanzar una cruzada contra el gobierno socialista, y le permitió a los populares bindarse el gobierno de la Comunitat.

Ahora, parecía que no iba a suceder lo mismo, pues , hace unos meses, en el seno del Consejo Nacional del Agua, el gobierno de la Generalitat, que preside Ximo Puig, alcanzó un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para el mantenimiento del actual trasvase del Tajo-Segura con las actuales condiciones. Sin embargo, por una decisión unilateral de la ministra, Teresa Ribera, se aumentó el caudal ecológico satisfaciendo los intereses castellanos manchegos con su presidente, Emiliano García Paje, a la cabeza.

La decisión del actual Gobierno de aumentar de forma unilateral el caudal ecológico del Tajo ha vuelto a agitar la bandera del agua para todos, aprovechando que el agraviado es la misma persona, los agricultores del sur de Alicante. Y los populares, no han desaprovechado para recuperar el discurso de Camps contra Zapatero. Y desde el primer momento, los populares, con la oposición valenciana en pleno (PP-CV, Ciudadanos y Vox), ha pedido la reacción del ejecutivo, pensando que no habría recurso autonómico. Eso sí, tras el recurso, tampoco está contenta, como ha reconocido, el líder del PP-CV, y a su vez, presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que pide más energía y considera la ‘suspensión cautelar’ como una rendición de Puig ante Paje, y ha anunciado otro recurso ante el Tribunal Supremo para bloquear aumento del caudal ecológico, si bien, el contenido del mismo aún no se sabe. Y en la misma línea se suma el presidente de la Región de Murcia, y también popular, Fernando López Miras. Eso sí, el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijoó no se ha pronunciado sobre el asunto.

Recurso de Generalitat ante el Supremo

Sin embargo, la situación política ha cambiado, y el escenario es otro. Eso sí, un territorio, que es una de las grandes huertas de Europa, y donde se utiliza las aguas de los retornos de riego y depuración de aguas del Segura, llegando a emplearse el mismo agua hasta en tres riegos diferentes, rentabilizando el recurso. Se trata, pues, de un ejemplo de aprovechamiento sostenible y adaptado al cambio climático. A pesar de ello, las aguas del trasvase son necesarias, según apuntan desde la Generalitat.

En este sentido, la respuesta de la Generalitat ha sido un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura ante el Tribunal Supremo, que se materializó el pasado miércoles 22 de marzo.

El recurso se dirige contra aquellos aspectos que se consideran lesivos en el real decreto del Gobierno que regula las nuevas disposiciones que afectan al trasvase Tajo-Segura y, en concreto, contra la nueva disposición adicional novena, que afecta al futuro incremento escalonado de los caudales ecológicos que aparecen en el Plan Hidrológico del Tajo.

Con dicho recurso, desde el Consell de la Generalitat, que preside el socialista, Ximo Puig, se pretende volver a la situación de partida antes de la decisión unilateral de la ministra al acuerdo alcanzado por los regantes en el Consejo Nacional del Agua. Por ello, desde el ejecutivo valenciano, se reclamaba la suspensión cautelar de esos caudales ecológicos, en los términos establecidos por el citado decreto, por tratarse de una decisión “arbitraria” que “no se fundamenta en criterios técnicos”. Y, a partir, de ahí buscar una solución definitiva que solucionara definitivamente los problemas de una de principales huertas de Europa.

Y es que, en asuntos como el agua, con un trasvase ya en marcha desde hace años, o se apuesta por buscar soluciones de consenso entre todos, como se trató con el acuerdo del Consejo Nacional de Agua, roto por la ministra, o de lo contrario, el problema del agua, puede convertir en otro agravio más del Estado a los valencianos, al igual que sucede con la financiación, derecho civil valenciano, etc.