Durante días hemos asistido a una brutal campaña de acoso y derribo contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. La cosa ha escalado hasta tal punto que incluso desde la tribuna del Congreso, donde supuestamente reside el corazón de nuestra democracia, se profirieron insultos con el objetivo de humillar y acosar. La cosa en redes sociales ya escaló hasta límites denunciables.

No es la primera vez. También en el Congreso escuchamos llamar “bruja” a la diputada socialista, Laura Berja, o el acoso en su día a Mónica Oltra en su domicilio o incluso la difusión de imágenes íntimas de la entonces concejala Olvido Hormigos, son solo algunos de los casos del elevado nivel de acoso y violencia que sufren las mujeres en el ámbito político.

Con este panorama, ¿a quién le apetece meterse en política? Aunque es cierto que la participación de las mujeres en la vida pública y política ha ido creciendo a lo largo de los años, continúa siendo insuficiente para lograr la equidad. Lo positivo es que según datos de la Unión Interparlamentaria el porcentaje de mujeres electas en parlamentos ha pasado del 11% en 1995 al 26% en enero de 2022. Pero sigue siendo un porcentaje escaso.

Si nos atenemos a las causas, además de la discriminación, una de las razones subyacentes de la reducida participación es el acoso y violencia a la que se ven sometidas las mujeres que dan el paso. Si bien es cierto que hombres y mujeres sufren violencia en el desempeño de sus cargos, las mujeres se enfrentan a un tipo específico de violencia e intimidación que rara vez les ocurre a los hombres.

La lista es larga. Humillaciones, amenazas de muerte y de violación, bromas sexualizadas, insultos, comentarios sobre su vida privada, exclusión o interrupción constante en los debates, son solo algunos ejemplos.

Recientemente, la activista boliviana de derechos de las mujeres, Gladys Bolívar, comentaba en su paso por España que allí “si no les gusta las decisiones que tomas, hasta te queman la casa”. En efecto, en otros países, la violencia política contra las mujeres ha conllevado el asesinato de dirigentes. En Bolivia, el asesinato de la concejala aimara Juana Quispe en 2012, terminó por impulsar la promulgación de la Ley Nº 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. Una Ley pionera en el mundo que pretende garantizar una democracia igualitaria, sostenible, y sobre todo libre de violencia. Esta Ley, inspiró a su vez una Ley Modelo impulsada por la Organización de Estados Americanos, y son hasta 12 países latinoamericanos que han adoptado legislaciones para proteger este derecho.

A nivel Europeo, el problema está identificándose y cada vez hay más datos y estudios al respecto, pero no parece que ningún país tenga sobre la mesa un marco regulador específico. El informe Women in Politics in the EU – State of Play publicado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, identifica de manera muy clara la creciente preocupación por la violencia y el abuso como un factor que contribuye a crear un entorno tóxico para las mujeres en la política, ya que es más probable que sean atacadas por el hecho de ser mujeres.

Este mismo informe identifica que los propios partidos políticos y los medios de comunicación son al mismo tiempo parte del problema y de la solución en tanto en cuanto pueden promover un clima de respeto o de opresión.

Una posible ley, como la mencionada en Bolivia, puede servir de guía; pero además de marcos legislativos, es imprescindible hacer un trabajo de sensibilización y garantizar y construir otra forma de hacer política más igualitaria y pacífica, en lugar de generar espacios de violencia como estamos viendo últimamente.