El pasado 26 de septiembre asistimos “exhaustos” y “exhaustas”, con sentimiento de fracaso a la decisión tomada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de uno de los tres poderes del estado (el poder judicial), en relación con el nombramiento de 3 de los magistrados del Tribunal Supremo designados para las 3 plazas vacantes de dicho Tribunal. De los nueve candidatos para la elección de dichas plazas propuestos sólo una mujer, doña Ana Orellana, especialista de la jurisdicción social y que ocupa el número dos del escalafón judicial, aspiraba a una de las plazas para las que finalmente no fue nombrada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Al conocer dicha noticia la frase que resonaba en algunos círculos profesionales de la judicatura no era otra que “las previsiones se han cumplido, al menos lo hemos intentado”. Esta noticia pone de relieve lo que los datos estadísticos revelan en lo que toca a la carrera judicial y a su composición, lo que no es otra cosa que la escasa presencia de las mujeres no sólo en el Tribunal Supremo, sino en otros órganos jurisdiccionales que integran la “cúpula judicial”, como son los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencias Provinciales, superiores instancias judiciales a nivel autonómico y provincial. Efectivamente España es el país de la Unión Europea con menos magistradas en el Tribunal Supremo pues según los datos estadísticos del año 2018, solo el 15% de los magistrados del Tribunal Supremo eran mujeres, tal y como consta en el Informe de la Comisión Europea; ahora, con la decisión del CGPJ, ha bajado al 13%. Como una imagen vale más que mil palabras, basta con ver la fotografía publicada del acto de la apertura del Año Judicial para ver cómo el reflejo estadístico es además un reflejo de la realidad social a la que no es ajena la judicatura, no sólo en la composición del Alto Tribunal y sino también de otras instancias judiciales como Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencias Provinciales, y todo ello pese a que las mujeres representamos más del 53% de la carrera judicial.

Todavía mostramos asombro cuando despertamos con el nombramiento de una mujer como Fiscal General del Estado (María José Segarra o la Ministra de Justicia (Dolores Delgado ), circunstancia que sucede porque las mujeres todavía son percibidas como “elementos ajenos al poder” . Ilustrativo resulta también las ideas recogidas por la Catedrática Británica Mary Beard en su obra “Mujeres y Poder”, al explicar que “las metáforas que utilizamos en relación con el acceso al poder por parte de las mujeres hacen hincapié en su “exterioridad”, con expresiones como “llamar a la puerta”, “romper el techo de cristal” o simplemente “darles un empujón”. Es habitual pensar que las mujeres que ocupan cargos de poder están derribando barreras o apoderándose de algo a lo que no tienen derecho”.

Leía hace unos días con absoluta admiración las palabras de Lady Brenda Hale, Presidenta del Tribunal Supremo de Reino Unido, que con 74 años de edad ostenta un cargo nunca antes en manos de una mujer británica, pronunciaba como lema en su acto de nombramiento como “Juez Lord” la expresión “omnia feminae aequissimae” ( las mujeres son iguales en todo).

Esta frase nos sirve para recodar, una vez más, que las mujeres no gozamos de una situación de igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la vida social, política y económica.

No tengo duda alguna de que las aspiraciones profesionales “no tienen género”. Debemos dejar de pensar que el poder es “cosa de hombres”.

Cuando nos pretenden distraer con argumentos tales como que “la mujer no está interesada en su promoción profesional, sacrificada casi siempre por su situación familiar, o que la incorporación de la mujer a la carrera judicial ha sido tardía, hay que recordar que ello es cosa que es absolutamente incierta. Hasta 1966 la carrera judicial estuvo prohibida a las mujeres, no siendo hasta 1977 cuando Josefina Triguero Agudo aprobó las oposiciones a la judicatura. Han pasado más de 40 años, tiempo más que suficiente para que las mujeres que ingresan en la carrera judicial puedan acceder a los cargos discrecionales de las altas instancias judiciales sin ser penalizadas por el hecho de ser mujer, situación que en los últimos cinco años no ha variado sustancialmente. La presencia de las mujeres en este tipo de órganos judiciales sigue siendo anecdótica, reivindicándose desde algunas asociaciones judiciales la preocupación al respecto, y todo ello pese a la existencia de un Plan de Igualdad en la carrera judicial. Se incide en que los nombramientos discrecionales realizados por el Consejo General del Poder Judicial y la presencia femenina en este tipo de cargos ha disminuido en los últimos ocho años y todo ello pese a que tenemos una judicatura integrada en más del 53% por mujeres.

La propia ONU advirtió de esta anomalía democrática de la judicatura en su informe de 17 de junio de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra las Mujeres en las legislaciones.

No creo sinceramente que la “paciencia” sea la solución: Existe un problema de discriminación estructural o sistémica de la mujer en el seno de la carrera judicial respecto de dichos cargos de nombramiento discrecional que debe ser abordado desde una perspectiva enérgica y contumaz. Nuestro activismo, el de jueces y juezas, tiene que tener como objetivo último dar cumplimiento al mandato constitucional recogido en el artículo 14 de la Norma Suprema como derecho fundamental, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, en cualquier ámbito político, social y económico. No podemos olvidar que el máximo garante del texto constitucional es el Tribunal Constitucional, creado en 1980 y del que sólo han formado parte en estos 39 años de vida 6 mujeres de un total de 80 magistrados. Este dato dibuja de nuevo en mi cara una “mueca de desánimo” que no me impide, si me permiten, parafrasear a MARY WOLLSTONECRAFT, filosofa y escritora inglesa de finales del siglo XVIII, autora de una obra clave Vindicación de los derechos de la mujer. La frase dice así: “ME DECLARO EN CONTRA DE TODO PODER CIMENTADO EN PREJUICIOS AUNQUE SEAN ANTIGUOS”.

La justicia “divina”, esa que se imparte desde las más altas instancias judiciales no es patrimonio exclusivo de los hombres.