Desde hace unas semanas en España se producen numerosas protestas de agricultores y ganaderos contra los bajos precios de venta de origen de sus productos, la competencia desleal de los productos agrícolas procedentes de Marruecos y contra el más que probable recorte de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) para los presupuestos europeos de 2021-2027.

Estas manifestaciones no son exclusivas de España, los agricultores llevan movilizándose desde noviembre del año pasado en toda Europa por las mismas razones. La semana pasada los tractores procedentes de numerosos países tomaron las calles de Bruselas en protesta por los recortes de la PAC y los costes potenciales de tener que producir con estándares ambientales más estrictos bajo el Green Deal Europeo. Todo ello mientras los líderes de la UE debatían sobre los presupuestos de la UE para los próximos siete años.

La PAC, pionera de las políticas comunitarias

La PAC nació en 1962, cinco años después de los Tratados de Roma, y su creación se atribuye al presidente francés Charles de Gaulle.

Por aquel entonces las carestías de alimentos de la postguerra persistían todavía en la memoria de los ciudadanos y el objetivo de la PAC fue garantizar un suministro suficiente de alimentos a los ciudadanos y asegurar unos ingresos decentes para los productores. No hay que olvidar que el precio de las materias primas sufre gran volatilidad debido a factores climáticos y por el hecho de ser productos muy homogéneos a escala global. Por ello se estableció un sistema de precios garantizados para los agricultores, sin elevar el precio final que pagaban los consumidores. Esto es, los agricultores recibían una subvención que incentivaba la producción (primer pilar de la PAC).

La política consiguió su objetivo: la producción agraria y ganadera se incrementó en los años 60 y 70 de modo que la sobreproducción se convirtió en un problema en los 80. Los excedentes fueron exportados, deprimiendo los precios de las exportaciones de materias primas de los países más pobres, donados o directamente destruidos. La PAC necesitaba reformas urgentes.

En 1992 se cambió el sistema de precios garantizados por pagos directos a los agricultores y se fijaron cuotas para acabar con los excedentes permanentes.

Pero fue entre 2000 y 2003 cuando se llevó a cabo una reforma aún más significativa: los pagos se desvincularon del nivel de producción y pasaron a ser un pago único en función del área de explotación y del mantenimiento de ecosistemas.

También se introdujo el segundo pilar de la PAC, la política de desarrollo rural, centrada en el uso eficiente de los recursos, el cuidado del medio ambiente y el impulso a las zonas rurales para evitar su despoblación.

Una política costosa

En los años 70 la PAC representó un 75 % de los presupuestos comunitarios pero su peso ha ido descendiendo a lo largo de las décadas hasta representar un 36,3% en 2018 con 58 820 millones de euros.

Las subvenciones directas (primer pilar) siguen constituyendo casi 70 % de los fondos de la PAC y son tildadas como distorsionadoras del libre mercado, artificialmente mejorando la competitividad de los alimentos europeos en los mercados internacionales. No obstante, otros países desarrollados como Japón, Corea del Sur o EEUU también ofrecen copiosos subsidios al campo y no están dispuestos a reducirlos pese a las demandas de los países en desarrollo en la OMC.

Además, los pagos se realizan dependiendo de las hectáreas de la explotación, favoreciendo a los grandes propietarios de Dinamarca, Francia, República Checa, el Reino Unido –irónicamente también a lores británicos que apoyan al Brexit– e incluso de Arabia Saudí.

Los principales receptores de fondos de la PAC en 2018 fueron Francia (17%), España (11,3 %), Alemania (11,1 %), Italia (8,9 %) y Polonia (7,9 %). No obstante, si consideramos los receptores netos (ingresos de la PAC menos contribuciones), lo países más beneficiados son Polonia, España y otros países del Este de Europa y Bálticos, mientras que Alemania, Holanda, Reino Unido e Italia fueron contribuyentes netos.

Futuro incierto

Con la salida del Reino Unido de la UE se perderán 75 000 millones de euros (10 714 millones anuales) para la PAC en el período 2021-27, lo que ha llevado a la UE a proponer una reducción de los fondos disponibles para la PAC y la política de cohesión, dos de las políticas que más han favorecido a España.

Mientras que el Parlamento Europeo quiere mantener los 383 000 millones de euros para 2021-27 que estaban disponibles para el período 2014-2020, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, propuso recortarlos a 323 000 millones (un 14% menos) y la Comisión Europea a 324 000 millones.

Francia, España y otros receptores netos quieren mantener al menos 375 000 millones para la PAC, mientras que los países “frugales” (Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia, apoyados por Alemania) rechazan contribuir más a la PAC y la política de cohesión.

Estos desacuerdos han llevado al fracaso de las negociaciones sobre el presupuesto de la UE, que se retomarán en marzo.

Mientras tanto, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea insta a los agricultores y ganaderos a recortar sus emisiones de gases contaminantes, recortar el uso de fertilizantes y pesticidas químicos y fomentar la agricultura orgánica y la plantación de árboles en detrimento de la superficie dedicada a los cereales.

Los agricultores avisan que dicha estrategia verde aumentará sus costes de producción sin que reciban ayudas complementarias debido al recorte de la PAC.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation