Carlos Huerga

Ingeniero y Activista de PAH Madrid

El pasado viernes, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid volvió a desahuciar a una familia de una vivienda pública. El piquete que voluntarios y vecinos habían montado no lo pudo evitar ya que la EMVS contó con la ayuda de un despliegue policial de cerca de cincuenta agentes. El mismo día, en Valencia, los trabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) emitían un programa en directo mientras que la policía estaba en sus instalaciones para ejecutar su cierre. Estos dos hechos tienen tres similitudes.

Primera. Son ejercicios de desobediencia civil frente al atropello de derechos. Ambos, derivados de la mala gestión de dos gobiernos del Partido Popular.

Por un lado, un piquete trata de evitar la expulsión de una familia de una vivienda pública. Se arrebata el derecho a la vivienda cuando la EMVS tiene dentro de sus objetivos que esto se cumpla.

Este no es un hecho aislado. Los desahucios de la EMVS con Ana Botella en la alcaldía proliferan en Madrid. Al mismo tiempo esta empresa está vendiendo lotes de viviendas a fondos buitres alegando que es la única salida para solventar su déficit. Cabe destacar que durante el mandato del anterior alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, la EMVS se dedicó a la compra-venta de terrenos del Ayuntamiento, lo que financió proyectos como el soterramiento de la M-30 o las candidaturas olímpicas dejando un agujero en sus cuentas.

Por otro lado, se cierra un canal público de televisión cuyo objetivo es dar una información independiente e imparcial, garantizada por que su financiación viene de los impuestos de los contribuyentes. Sus jefes son sus usuarios.

La austeridad ha sido la excusa del cierre de esta empresa y despido de 1.700 trabajadores. Sin embargo, esta excusa no se tuvo en cuenta cuando se pagaban grandes cantidades de dinero a colaboradores afines al Partido Popular como Carlos Dávila o Isabel Durán o para programas con un cuestionable uso social como Tómbola. Tampoco se tuvo en cuenta el derecho a la información en las continuas manipulaciones de los informativos.

Segunda. Ante estas desobediencias, la encargada de llevar a cabo ambos desahucios ha sido la Policía Nacional.

Según el artículo 104, apartado 1, de la Constitución Española, “las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. En estos dos casos la actuación de la policía ha ido en sentido contrario: ha colaborado a que una familia no tenga vivienda y a que una Comunidad Autónoma no tenga canal público de televisión. Derecho a la vivienda, a la información e incluso al trabajo.

Tercera. Con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que se aprobó también el pasado viernes, estos dos hechos se consideran una infracción grave. Las multas derivadas de estas infracciones podrían ir de los 1.001 hasta los 30.000 euros.

El pasado viernes no fue un viernes especial. Cada vez es más frecuente encontrarse luchas como estas. Últimas líneas de defensa. Los motivos seguirán ahí, pero ahora serán muchos los que no se podrán permitir defender sus derechos.