Estos días atrás ha saltado la noticia de que el Ministerio de Sanidad planea una reforma del estatuto marco del personal estatutario de la sanidad pública para meterle mano, entre otros asuntos, a su régimen de incompatibilidades. Esto es, para entendernos, a la posibilidad de que estos profesionales puedan simultanear su puesto de trabajo público con otro, especialmente en la medicina privada. Un tema que siempre resulta candente, una verdadera patata caliente, por el carácter crítico de los servicios que prestan y por la necesidad de asegurar su capacidad y las condiciones óptimas para una prestación de calidad. Todo ello, en un contexto de seria preocupación ante la expectativa de grandes dificultades para dotar suficientemente los servicios en el futuro.

Este tema no es nuevo, aunque no suele suscitar un debate a nivel general dado que, a pesar del carácter básico de la normativa estatal, las Comunidades Autónomas han ido resolviendo esta cuestión según su propio criterio no siempre homogéneo. Antes del gran traspaso de este personal a las Comunidades, hace ya más de dos décadas, el INSALUD permitía el ejercicio de actividad privada con la simple renuncia a la percepción de un complemento en la nómina pública, el de exclusividad. La transferencia del personal a las autonomías diversificó los modelos, siendo la solución mayoritariamente aceptada la del rechazo del modelo estatal de antaño, para adoptar otro sustancialmente mejor que no imponía la necesidad de renunciar ni a un euro de las retribuciones del personal sanitario. Una “receta” de compleja y espinosa argumentación desde la perspectiva del resto de los empleados públicos a los que, aún actualmente, siguen afectando algunas servidumbres que el colectivo asistencial no sufre. Esta situación hizo y hace todavía hoy que se les mire con cierto recelo por el resto del sector público dada su situación privilegiada en este aspecto, situación que muchos justifican en la repercusión que tiene su trabajo sobre la salud y vida de todos los mortales o el bajo nivel retributivo comparado con el de estos profesionales en otros países o con el que se obtiene con el ejercicio privado de la profesión.

No faltándole razón, al menos en parte, a algunos de estos motivos, no debemos olvidar que el fundamento de cualquier sistema de incompatibilidades es asegurar el servicio público, garantizando la imparcialidad, independencia y correcto desempeño en el ejercicio del puesto de trabajo. La permeabilidad entre lo público y privado en un ámbito tan sensible y vital como la sanidad genera siempre mucha inquietud y no pocas sospechas de que algo turbio pueda suceder, por muy puntuales que sean los casos en los que esto ocurre, aunque muy llamativos. El uso de recursos públicos para favorecer la actividad privada es una sombra alargada que siempre se cierne sobre este sector, aunque otros tampoco son ajenos a esta sospecha. Por algo el reglamento que desarrolla la ley de incompatibilidades y que próximamente cumplirá 40 años dedica una mención especial a este personal cuando le prohíbe ejercer actividad privada respecto de personas que estén siendo atendidas, o lo hayan sido, en el curso del mismo proceso patológico en el hospital en que se desempeña el puesto de carácter público. Siempre que explico esto ante cualquier auditorio, se genera inevitablemente un murmullo aderezado de sonrisas y miradas de reojo irónicas.

Sin hacer conjeturas aquí sobre la solución más idónea, lo cierto es que esta materia hay que abordarla seriamente y, ojalá también, en el contexto de la generalidad del empleo público. Que a los puestos de responsabilidad se les exija una dedicación especial y que esta deba ser retribuida, parece más que lógico. Que ya se esté haciendo y sea suficiente, es otro cantar. Y que esta dedicación “exclusiva” se exija a los jóvenes adjuntos durante sus primeros 5 años de carrera, una vez finalizada su formación como médicos MIR a la que han tenido que dedicar la totalidad de su tiempo sin distraerse con otras actividades, habrá igualmente que debatirlo.

Lo que sí parece claro y así lo sentimos todos cuando, como pacientes, vemos desde la camilla desfilar encima nuestro las luces de los pasillos camino de un quirófano, es que ninguno deseamos que nos toque el cirujano de pulso tembloroso u ojos enrojecidos que acaba de entrar a trabajar proveniente de una guardia en un centro privado. Cierto que no hay que estrangular la profesión con todas las rigideces clásicas de lo público, algunas de las cuales han perdido su razón de ser en un nuevo marco social y profesional. Pero es aún más cierto que todos queremos y tenemos derecho a un servicio público de calidad que reafirme nuestra confianza en la sanidad pública como una de nuestras grandes conquistas a proteger.