Antoni Aguiló

¿Por qué en estos últimos años Portugal se ha convertido en una semicolonia informal de Alemania y la troika? ¿Por qué la democracia representativa desdeña las formas de hacer política de los movimientos populares que se vienen organizando para combatir el orden neoliberal y dar continuidad a las aspiraciones revolucionarias del 25 de abril? ¿Por qué, en definitiva, la democracia electoral se ha transformado en uno de los principales obstáculos para la democratización de la democracia?

Pueden señalarse tres razones principales por las cuales bajo el dominio de la troika la democracia portuguesa se ha transformado en un mecanismo electoral desvinculado de la soberanía popular, tutelado por fuerzas externas que lo han vaciado de contenido, basado en la naturalización de la austeridad como salida inevitable de la crisis y regido por formas oligárquicas de poder.

Una política de ultrausteridad. En mayo de 2011, el gobierno del Partido Socialista (PS) de José Sócrates, siguiendo los pasos de Irlanda y Grecia, firmó con la troika el llamado Programa de Asistencia Económica y Financiera (PAEF), un rescate para el periodo 2011-2014 por valor de 78.000 millones de euros a cambio de aplicar un ambicioso programa neoliberal de reformas y de pagar unos 34.400 millones de euros en intereses. El PAEF incluía medidas como la desregulación del mercado laboral, el aumento de la edad de jubilación, la reducción de los indemnizaciones por despido, un vasto programa de privatizaciones (aerolíneas, compañías eléctricas, correos, etc.) y el recorte del Estado a través de la reforma de las pensiones, la reducción de empleados públicos y la disminución de las tasas administrativas para las empresas. Un programa cuya dureza, como reconocía Jean-Claude Juncker, atentaba contra la dignidad (y la soberanía, cabe añadir) de la sociedad portuguesa.

Tras las elecciones legislativas de junio, el gobierno entrante del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), en coalición con los democristianos del CDS-PP, fue más allá. El primer ministro, Passos Coelho, anunció una “refundación” del PAEF en clave de una austeridad extrema con medidas no contempladas en la versión original en contra de las clases populares y trabajadoras (recortes de salarios, supresión de las pagas extraordinarias a funcionarios y pensionistas, etc.).

Contrarreforma constitucional. El modelo social de bienestar portugués es una conquista del 25 de abril de 1974. La Constitución de 1976 es generosa en derechos sociales. Refleja diferentes influencias sociales y políticas y está marcada por la dinámica revolucionaria. No obstante, las medidas tomadas durante la intervención de la troika han supuesto la erosión del modelo social. Incluso varias de ellas han sido declaradas inconstitucionales. En general se trata de decisiones encaminadas a recortar el gasto público en salarios y pensiones. Se da, así, la paradoja de que un órgano no electo por el pueblo como el Tribunal Constitucional es el que en determinadas ocasiones ejerce como salvaguarda de los valores constitucionales violados por el capitalismo del expolio y la democracia liberal.

Democracia electoral de bajísima intensidad. La celebración regular de elecciones libres, competitivas y multipartidarias no es condición suficiente para hablar de una democracia representativa consolidada y de calidad. Democracia resulta una palabra excesiva para referirse a un sistema en el que, al decir de Boaventura Santos, el poder se halla en manos de gobernantes que incumplen los programas electorales, eluden rendir cuentas y se multiplican en consejos de administración; con elecciones convertidas en liturgias donde el sufragio sirve para reforzar la alternancia bipartidista sistémica (desde 1976, el PS ha obtenido seis victorias electorales y el PSD cinco); que permite la colonización de las instituciones públicas por intereses antidemocráticos; que convive con el aumento de la desigualdad social, resultante de las políticas de los sucesivos gobiernos de turno, de la aplicación del PAEF y de la sumisión a los mercados financieros; que desconstitucionaliza derechos; que instala en el sentido común el discurso de la falta de alternativas; que desconfía de la participación popular; y saturado de corrupción (la detención provisional de Sócrates por sospechas de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal corona la imagen de una democracia que lamina la legitimidad de las instituciones representativas).

Como resultado, uno de los efectos más perniciosos ha sido la galopante deslegitimación social y política de la democracia representativa. El Eurobarómetro 78/2012 constataba que el 74% de la población encuestada se declaraba insatisfecha con las instituciones gubernamentales y el funcionamiento del sistema político vigente. La deslegitimación que arrastran las instituciones políticas se debe en gran parte al enorme desequilibrio entre los sacrificios exigidos a las clases trabajadoras y al capital; a los resultados del programa de la troika, que han sentado las bases de lo que José Reis llama una “economía política del retroceso” basada en el desempleo, el empobrecimiento y la desigualdad; y a las limitaciones de la oposición al presentarse más como partidos de protesta que de alternativas.

Pero la situación puede cambiar. Portugal y Europa necesitan superar el modelo político-institucional dominante apostando por prácticas políticas con potencial emancipador que permitan construir un futuro alternativo. Democratizar la democracia representativa y consolidar la democracia participativa (desde la transición democrática sólo se han celebrado tres referéndums nacionales no vinculantes en Portugal) son metas necesarias, aunque insuficientes. Es imprescindible articularse con las formas de autoorganización popular que están fuera de las instituciones. Desde 2011 ha aumentado la participación no convencional a través de movimientos de contestación que han abierto fisuras en las políticas de austeridad (Geração à rasca, Precários Inflexíveis, Congreso Democrático de las Alternativas, Que se Lixe a Troika!, etc.). Sin embargo, todavía no se ha logrado crear un polo que funcione como un contrapoder social y político capaz de aglutinar la indignación y de tender puentes con las organizaciones tradicionales (partidos y sindicatos), ya sea en forma de herramienta electoral que aspire a romper el tablero político, como Syriza o Podemos, o de movimiento asambleario de base lo suficientemente potente para articular luchas populares en diferentes escalas de acción. Mientras no se den pasos en estas direcciones, a lo que invita la candidatura ciudadana Tempo de Avançar, que ha propuesto a las fuerzas políticas con trazos comunes la construcción de un gran acuerdo nacional contra la austeridad y por la profundización democrática, la democracia portuguesa sonará como un auténtico lamento.