El 29 de junio pasado —quizás se recuerde—, interpuse una denuncia contra el alcalde José Luis Martínez Almeida y once miembros más de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid por la posible comisión de los siguientes delitos: dejación de funciones (a tenor de los art. 24 y 409 cp.), delito de odio (a tenor del art. 510 cp.) y delito de asociación ilícita para promover o incitar a la discriminación (a tenor del art. 515.4.º cp).

El último episodio de la guerra de las banderas declarada por las derechas (ya saben, la petición de Vox de retirada de las que se exhiben en la fachada de la calle Mayor 71, sede de los grupos políticos, ante la inacción de Almeida y la distracción característica de Villacís) me lleva a explicar la importancia de aquella acción, donde di un paso adelante y fui proactiva en mi actuación como concejala, como parte del colectivo LGTBI y como sujeto político.

Se podría pensar que exageraba mi preocupación por la decisión de Martínez Almeida de negarse a poner la bandera arcoiris en la fachada del Palacio de Cibeles durante la semana de la celebración del Orgullo (aunque la proposición de colocar la bandera había sido aprobada por mayoría en el Pleno del 31 de mayo de 2022), y que gastaba energías en algo inútil y puntual. Pero no es así, como vemos, porque esta decisión del alcalde ha venido acompañada de otras similares y del crecimiento de una reacción ante los derechos alcanzados por años de luchas progresistas del colectivo en cuestión. Podríamos hablar de aquella manifestación neonazi en Chueca, de la falta de espacios de lectura LGTBI en las bibliotecas públicas municipales, de la negativa de la Junta de Gobierno a cumplir acuerdos de pleno como la colocación de una placa contra la LGTBIfobia en la Plaza de Chueca, la normalización de ciertos exabruptos o la bandera de Villacís para sí misma en la Plaza de Pedro Zerolo… La lista de agravios es larga y aunque parecen hechos aislados muestran un patrón grave y preocupante.

Es por ello que he sumado a aquella decisión de llevar a la Junta de Gobierno ante la Fiscalía de Odio otra que solo hago pública hoy. El 7 de julio pasado, durante el breve encuentro que mantuvimos en la sede de la Comisión Europea en Madrid, le entregué en mano una carta a Helena Dalli, Comisaria Europea para la Igualdad que nos visitaba en esos días. En ella le manifestaba mi preocupación por la actitud del gobierno municipal frente al colectivo LGTBI y la necesidad de que se actúe ante los daños y retrocesos que sufren o podrían sufrir nuestros derechos, sea por la omisión o por la comisión de las autoridades de la ciudad. También le pedí una intervención de la Unión Europea en vista de la LGTBIfobia institucional que se promueve o se despliega desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

La buscada visibilidad de las personas LGTBI en el espacio público está en clara conexión con las amenazas a la diversidad; a través de la visibilidad las minorías, nos defendemos para no ser relegadas y para reclamar que se considere nuestra realidad en el ámbito público. Es justo por el cuestionamiento que vuelve a hacerse de nuestras identidades —arduamente construidas en las últimas décadas— que hoy nos expresamos de una manera retadora, para reclamar reconocimiento.

Esto se ha hecho más evidente en las últimas semanas, porque han abundado las reclamaciones públicas ante la actitud retrógrada del gobierno de Madrid frente a los actos de celebración del Orgullo y su rechazo al necesario reconocimiento institucional de la diversidad. Cabe recordar que la diversidad es un valor que se debe conservar en el Estado de derecho, y que el Estado español está por ello obligado a reconocer y proteger nuestros derechos.

Esta respuesta combativa en defensa de nuestros derechos se ha querido banalizar aprovechando deficiencias que, lamentablemente, en ocasiones surgen en el discurso reciente sobre la igualdad. Con excesiva facilidad, se cae en las trampas y en los paradigmas conservadores. Hay que decir que ni la bandera arcoíris es una pancarta como la de un club deportivo, ni lo reclamado es el derecho a amar, ni la celebración del Orgullo es solamente una fiesta, como se ha querido hacer ver.

Visibilizar nuestra existencia como lo hemos hecho, y alcanzar los derechos que hoy tiene la comunidad LGTBI en España, ha sido producto de largas luchas que han sacado a muchas personas de la relegación y la marginalidad en la que vivían y en la que vivieron por siglos las minorías que nos precedieron. Es posible que quienes no han sufrido estas circunstancias en primera persona lo ignoren, y quizás por ello no comprendan ni la importancia de defender la naturalidad con la que hoy pueden expresar sus preferencias ni teman la resistencia por parte de los sectores más conservadores de la sociedad ante los espacios sociales y políticos que hoy tenemos.

Algunas personas del colectivo con visibilidad y responsabilidad pública vemos con claridad que es necesario adoptar una postura de lucha y pasar a la ofensiva en las calles, en las instituciones y en las instancias judiciales. El cuestionamiento que se nos hace es grave, y por eso la respuesta debe ser de largo alcance y de calado profundo.

No es poca cosa lo que se nos quiere negar: es el respeto a nuestra dignidad como seres humanos y la posibilidad de ser quiénes somos. Y esto se hace anteponiendo la opinión personal de algunos representantes públicos al discurso oficial democrático, de respeto de los derechos humanos, para alimentar las amenazas y los agravios contra quienes no encajamos en un ideal caduco.

Muchas personas han comprendido mi postura activa —no meramente reactiva— frente a la LGTBIfobia institucional. Otras consideran excesivo que haya acudido a la Fiscalía de Odio y mucho más que instase una denuncia ante la Comisión Europea.

Mi respuesta es esta: ha sido muy largo y doloroso el camino para alcanzar los derechos que hoy tenemos y podemos adentrarnos en un mundo en el cual estos sean cuestionados y los perdamos. Ningún gesto en su defensa, en consecuencia, es excesivo ni inútil.