El abogado de Pablo Ibar pide la anulación de la cadena perpetua
El letrado alega que durante el juicio de 2019 se cometieron infracciones severas, entre las que destaca una posible contaminación de las pruebas y el condicionamiento del principal testigo y de miembros del jurado.
&Nbsp;Madrid-Actualizado a
Nuevo capítulo en el largo historial judicial de Pablo Ibar, el hombre de nacionalidad vasca-estadounidense que fue condenado a pena de muerte en 1994 por un triple asesinato del que se declara inocente. Ahora, Ibar cumple cadena perpetua después de que un tribunal revocara en 2019 la primera sentencia que le siguió considerando culpable. Su abogado, Joe Nascimento, ha puesto en cuestión el valor de las pruebas utilizadas en este último juicio y exige que se declare nulo.
Nascimento ha compadecido este martes ante el Tribunal de Apelaciones del 4º Distrito Judicial de Florida para solicitar la celebración de un nuevo juicio con todas sus garantías legales. Su demanda se sostiene en doce motivos. Entre ellos destaca la posible contaminación de la prueba de ADN por negligencia en la cadena de custodia y que el principal testigo de la acusación haya afirmado haber sido influenciado por la Policía.
Ibar, sobrino del boxeador vasco José Manuel Ibar Urtain, lleva casi tres décadas en una prisión de Florida. Su condena se basa en los hechos ocurridos en junio de 1994, cuando dos hombres armados asaltaron la propiedad de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno, causándole la muerte tanto a él como a las jóvenes Sharon Anderson y Marie Rogers. En el vídeo captado por las cámaras de seguridad de la vivienda se veía a un hombre de rasgos latinos que la Policía identificó como Ibar.
En el año 2000 el acusado fue condenado a la pena capital. Ibar estuvo 16 años en el corredor de la muerte, hasta que en 2016 un tribunal de apelación anulara la pena por considerar que las pruebas presentadas eran "débiles", al sostenerse fundamentalmente en una grabación nada esclarecedora.
Una camiseta con escasos restos de ADN
Durante el proceso judicial de 2019, la Fiscalía incorporó en el último momento una pequeña muestra de ADN del acusado procedente de una camiseta que se había encontrado en casa de Sucharsky. Ante esta prueba, la defensa sostiene que no se hallaron restos genéticos del acusado en el lugar de los hechos y que, en el caso de que Ibar hubiera utilizado dicha camiseta, los restos de ADN serían mucho mayores.
Nascimento alega que los escasos restos biológicos solo pueden ser resultado de mala praxis durante la custodia de la prueba. El letrado ha señalado que la bolsa donde se guardaba la camiseta estaba parcialmente abierta y que en un vídeo grabado en el año 2000 se ve cómo los funcionarios manipulan las pruebas sin guantes y las guardan en cajas de cartón sin envolver individualmente.
El principal testigo podría haber sido condicionado
De la misma manera, el abogado ha puesto en duda la veracidad del testimonio del principal testigo de los hechos. Gary Foy, residente de la zona donde se perpetró el delito, aseguró haber visto a Ibar sentado en el asiento del copiloto del coche de Casimir Sucharski. Sin embargo, según remarca Nascimento, los agentes de Policía mostraron la foto de Ibar en el vídeo antes de la rueda de reconocimiento, lo que pudo condicionar su relato.
Nascimento acusa a los agentes de conducir al testigo a una "probabilidad sustancial de identificación errónea". Y por tanto, considera que se trata de una prueba nada fiable.
Además, el letrado señala que uno de los doce miembros del jurado que decretó cadena perpetua para Ibar declaró haberse sentido "presionado" y "acosado" a la hora de decidir el veredicto. Por su parte, la fiscal del caso, Deborah Koening, ha rechazado las alegaciones de la defensa y argumenta que los tribunales no deben intervenir en las discusiones internas de un jurado.
Ahora se abre un proceso de deliberación entre los miembros del tribunal, que podría extenderse meses, incluso hasta un año. En el caso de que la apelación no prospere en esta instancia, la defensa ha asegurado que acudirá al Tribunal Supremo de Florida.
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