La derogación del voto rogado para los españoles residentes en el extranjero encara durante esta legislatura una nueva oportunidad para llevarse a cabo, esto es, para acabar con la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), introducida en 2011 a petición de PP y PSOE, y que contó con el apoyo de PNV y CiU.

El artículo 75 de esta norma obliga a los electores residentes en el extranjero a solicitar expresamente el voto cumpliendo una serie de plazos muy breves, tanto para la solicitud de la documentación como para la remisión del voto por correo postal o su depósito en urna.

A la reducción de plazos se suma el incremento de los trámites para rogar el voto y las dificultades que plantea el envío del sufragio a España para que llegue a tiempo al recuento de votos, lo que ha supuesto un enorme descenso de la participación: del 31,88% en 2008 a poco más del 8% en abril de 2019, que se incrementó al 10,61% en la repetición de noviembre de 2019. Además, de entre los que solicitaron votar se perdió entre un tercio y la mitad de los votos por insuficiencia de los plazos para enviar la documentación y remitir los votos a las Juntas Electorales a tiempo para su cómputo.

Y, precisamente, el desplome en la participación ha coincidido con el aumento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), esto es, de menos de un millón y medio en 2008 a más de dos millones de personas censadas en enero de 2021.

En las últimas elecciones al Parlament de Catalunya del 14 de febrero de este año, solo rogaron el voto el 6,56%, de los que solo fueron aceptados el 6,21%, mientras que en los comicios de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, solo el 4,4% del total de inscritos en el CERA consiguieron ejercer su derecho. 

La derogación del voto rogado afronta una nueva andadura

Desde al menos 2016, el Congreso ha abordado a través de diferentes formas esta cuestión, pero la falta de consenso, primero, y la disolución de la Cortes en 2019, en segundo lugar, han retrasado una reforma muy esperada. Así, en febrero de 2021, los partidos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, volvieron a registrar esta iniciativa para terminar con el voto rogado.

En este sentido, la reforma plantea recuperar el sistema de voto sin solicitud previa. La Oficina del Censo Electoral remitirá de oficio a todos los inscritos en el CERA las certificaciones, los sobres y la documentación requerida para votar, así como las indicaciones necesarias para descargar las papeletas de forma telemática y obtenerlas presencialmente en los consulados.

También, se acortará el plazo para la remisión de la documentación, por lo que el periodo máximo para remitir la documentación a los inscritos en el CERA se reduce del día 34 al 18 posterior a la convocatoria de elecciones. Asimismo, se podrán descargar las papeletas de forma telemática, o se indicará en la documentación que se remita a los inscritos la forma para obtenerlas en papel. Este modelo facilita el proceso y permite enviar las certificaciones necesarias para votar antes de la finalización del plazo de proclamación de las candidaturas, que es imprescindible, tal como recoge la iniciativa.

Además, esta reforma propone ampliar el plazo del escrutinio hasta el quinto día posterior a las elecciones. También, se publicarán los datos de voto de los inscritos en CERA, desglosados por consulados de emisión, para "dotar de transparencia y trazabilidad al sistema de voto". La norma contempla además la posibilidad de realizar telemáticamente los trámites vinculados a la inscripción en los registros censales y variaciones de datos de los mismos.

Subcomisión para estudiar otros cambios en la LOREG

La propuesta de los partidos del Ejecutivo fue admitida a trámite por una mayoría abrumadora y poco normal en la Cámara Baja: todos los grupos la apoyaron, lo cual evidencia la necesidad de acometerla. Si bien, desde Marea Granate, la organización que ha canalizado el malestar de los españoles residentes en el extranjero en torno a este asunto, muestran su temor por que esta voluntad "no se manifieste si no se tramita la proposición de ley con urgencia", apunta a este medio su portavoz, María Alamena.

En este contexto, asegura sentirse "decepcionada" por la incorporación de la derogación del voto rogado en los trabajos de la subcomisión creada en el seno de la Comisión Constitucional. Y es que, este organismo parlamentario, impulsado también por PSOE y Unidas Podemos, fue constituido hace unas semanas precisamente para estudiar cambios en la LOREG más allá de la eliminación del voto rogado.

En concreto, para regular los debates electorales, garantizar el ejercicio de sufragio sin menoscabar el derecho a la protección de la salud, instaurar las listas cremallera, mejorar la proporcionalidad del sistema electoral o abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a jóvenes de 16 y 17 años.

Así, según señalan fuentes parlamentarias, los grupos acordaron citar a ocho expertos para que desfilaran antes de fin de año e incluir otros posibles asuntos en dicha proposición de ley. Las tres primeras comparecencias celebradas el pasado martes, la de la directora general de la Política Interior del Ministerio del Interior, Carmen López; el subdirector general de Protección y Asistencia Consular, Jaime Moreno; y el director de la Oficina del Censo Electoral, Juan Manuel Rodríguez, se centraron en las dificultades técnicas que suscitan las posibles alternativas al sistema actual, unos temas sobre los que "ya se ha teorizado más que suficiente", según reconoce a Público el diputado del grupo morado Roberto Uriarte.

En esta línea, el parlamentario de Unidas Podemos señala que si el Ministerio de Interior tiene alguna propuesta concreta de mejora, "que se deje de elucubrar y se remita a los grupos proponentes". En todo caso, celebra que "solo se le dedicará una sesión más a las comparecencias sobre voto desde el exterior, de forma que no serán una excusa para atrasar la tramitación" de la proposición de ley, la misma que ya registraron los socios de Gobierno en 2019.

Otros problemas al votar desde el extranjero

La representante de Marea Granate volverá a desfilar en esta subcomisión en la segunda ronda de comparecencias, como ya lo hizo en 2017, para plantear otros problemas en el marco del ejercicio de este derecho desde el extranjero, como "garantizar que la brecha digital entre las personas a las que no le es fácil efectuar esta descarga, se suplemente con otras medidas como el envío de papeletas desde los consulados, y mejorar la trazabilidad del voto para comprobar que ha llegado al recuento final".

Otra reivindicación del colectivo es que la reforma de la LOREG venga acompañada de una modificación en la regulación de la adscripciones consulares para que se homogeneicen y se permitan las adscripciones telemáticas.

"La inmigración española está infraestimada, hay mucha más gente de la que se inscribe en los consulados y una de las causas es que los consulares requieren inscripciones presenciales y están lejos. De nada sirve que se derogue el voto rogado si los votantes tienen que ir hasta consulados que se encuentran a 500 km de distancia para poder inscribirse y que le llegue la papeleta. Algunos consulados lo hacen, pero otros no, por lo que no entendemos esta heterogeneidad. Queremos que el censo sea accesible para todos los ciudadanos", reclama.

En todo caso, ante el retraso de esta reforma, que ha coincidido en un contexto de sucesivas convocatorias electorales, desde Marea Granate esperan que los partidos "no se acobarden y que prime el carácter democrático por encima del cálculo político", ya que a su entender, "se ha mitificado mucho" sobre el peso de los votos de los migrantes. 

Nuevas tecnologías

Desde ERC, cuyo grupo registró una enmienda a la totalidad con texto alternativo y que fue rechazada en abril, han puesto de manifiesto en al subcomisión algunas cuestiones como la posibilidad de las urnas electrónicas, en las que el elector se puede pasar al colegio electoral tradicional donde la mesa autentificará y registrará su identidad, y la habilitará para ejercer su voto. "Este sistema tiene ventajas que son la celeridad y fiabilidad en la obtención de resultados", añade a este medio la diputada republicana Carolina Telechea.

En todo caso, sea cual sea el método elegido para dar la vuelta a un sistema que ha supuesto un desplome en la participación de los emigrados en las elecciones generales y autonómicas, la parlamentaria apunta a la necesidad de hacer uso de las nuevas tecnologías para garantizar el derecho a la participación política. "Todos los sistemas cuentan con protección criptográfica avanzada y, aunque el riesgo cero es imposible, debemos avanzar hacia esa cuestión como sociedad del siglo XXI", zanja Telechea.