Una acusación pide que Aznar testifique ante el juez por los 782.000 euros que ganó del PP

José María Aznar debe declarar como testigo ante el juez Pablo Ruz para aclarar si autorizó sobresueldos a dirigentes del PP en su etapa de presidente, y en qué concepto cobró él mismo ese tipo de abonos. Es la petición planteada formalmente al instructor del caso de los 'papeles de Bárcenas' por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que es una de las acusaciones populares en la causa.

En un escrito de ocho folios, el abogado José Mariano Benítez de Lugo, de ADADE, recuerda que en los 'papeles de Bárcenas' --la supuesta contabilidad B del PP publicada por "El País"--, aparecían pagos por importe de 1.530.000 pesetas (9195,49 euros), entre abril y agosto de 1990, a una persona identificada como 'JM', que "todo apunta a que fuera D.José María Aznar".

Añade la acusación que, por su parte, en la contabilidad oficial del partido aperecen como entregados a Aznar un total de 782.695,12 euros entre los años 1990 y 1996, año en que fue elegido presidente del Gobierno. A ese respecto, señala que el propio Aznar manifestó, en un comunicado emitido el pasado 10 de mayo, que las cantidades por él percibidas cuando ya era presidente del Gobierno (reconoció haber recibido16.717,04 euros dándose tal circunstancia) correspondían a "a la liquidación de cantidades devengadas" hasta la fecha en que fue nombrado para dicho cargo, y que habían sido declaradas a la Hacienda Pública.

Además, Benítez de Lugo destaca que el exdiputado navarro del PP Jaime Ignacio del Burgo ha declarado ante el juez que fue Aznar el que autorizó abonar una compensación económica a un consejero del Gobierno navarro, Calixto Ayesa. El dinero, 600.000 pesetas (3.600 euros) mensuales, se le abonó en efectivo entre los años 1991 y 1995, según testificó el propio Ayesa.

En los 'papeles de Bárcenas', sigue diciendo la acusación, aparecen anotaciones de entregas del tesorero del PP a Del Burgo en los meses de febrero, mayo, junio, septiembre y noviembre de 1992, por cuantía total de 2,7 millones de pesetas, "con lo que se detecta el encaje entre las declaraciones de los señores Del Burgo y Ayesa con el contenido de los citados 'papeles'", según el escrito.

Para ADADE, "todo ello aboca a la necesidad de que el señor Aznar preste declaración a presencia judicial en calidad de testigo, para que, por un lado confirme o no lo declarado por el señor Del Burgo en lo que a él concierne, y, por otro lado, explique y justifique la razón de ser de esos sobresueldos que percibió, algunos incluso siendo ya presidente del Gobierno".

Esta acusación, que insiste en que la declaración es "útil, necesaria y pertinente", quiere que el juez envíe la citación de Aznar a la sede de la Fundación FAES, que él preside, y añade que el expresidente del Gobierno no tiene la prerrogativa de declarar en su despacho porque renunció al cargo de consejero permanente de Estado al entrar en el Consejo de Administración de un grupo internacional de comunicaciones.

ADADE remata el escrito señalando que "la justicia es igual para todos" con independencia de que se sea o no expresidente del Gobierno, por lo que "quizás" el propio Aznar hubiera debido solicitar su declaración ante el juez "para aclarar los aspectos que venimos relatando en la medida que cuestionan su conducta".