El Gobierno de Perú denunció este lunes que un sector de la oposición política en el Congreso ha puesto en marcha un plan para destituir al presidente Pedro Castillo que, según afirmó, se comenzará a ejecutar el próximo miércoles. 

"Peruanas y peruanos, y a la comunidad internacional, están advertidos de este plan que ha quedado al descubierto. Estas acciones son producto de un sector minoritario del Congreso", afirmó el primer ministro, Aníbal Torres, en un pronunciamiento ante la prensa.

Tras señalar que ha recibido la información de que el 16 de febrero "será el día del ataque", Torres agregó que el gabinete de ministros que preside desde el pasado 8 de febrero se mantiene unido junto al presidente izquierdista "por la democracia".

Torres hizo estas declaraciones después de que una revista local publicara el pasado viernes que un grupo de legisladores de derecha y extrema derecha se reunieron con la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, para conversar sobre la eventual destitución de Castillo.

Según reveló el viernes el semanario Hildebrandt en sus trece, este encuentro habría tenido lugar el 9 de febrero y tendría como objetivo "afinar la estrategia para sacar a Castillo del Palacio de Gobierno".

Moción de censura

Un sector de la oposición política y de medios locales ha pedido en los últimos días la renuncia de Castillo e incluso se han anunciado propuestas legislativas de una moción de censura y una acusación constitucional para intentar destituir al mandatario, quien asumió el cargo el 28 de julio pasado.

Previamente, la parlamentaria Margot Palacios de Perú Libre, el partido marxista que llevó al poder al presidente Pedro Castillo, ha presentado una denuncia constitucional contra María del Carmen Alva por haberse reunido con figuras de la oposición para supuestamente discutir una estrategia para cesar al mandatario. 

En ese sentido, el portavoz parlamentario del partido oficialista Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunció este lunes que presentarán una moción de censura contra Alva y la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Patricia Juárez, "por conspiración y fomentar sistemáticamente la vacancia" del gobernante izquierdista.

Alva ha declarado que en caso de que Castillo deje el poder, asumiría la sucesión constitucional y convocaría a elecciones presidenciales, pero no legislativas, por considerar que el actual parlamento debe cumplir su período de gestión hasta 2026.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Palacios ha informado de que ha presentado esta denuncia contra Alva, después de que trascendiera que sostuvo una reunión con otros nueve legisladores en un lujoso hotel de Lima, organizada por la fundación Friedrich Naumann.

Sin embargo, la fundación Friedrich Naumann aseguró en un comunicado que la reunión de congresistas se produjo en el marco de un conjunto de seminarios políticos que se vienen realizando desde marzo de 2021. Negando que la finalidad del encuentro tuviera como fin el cese del actual presidente.

"Nuestro país viene atravesando momentos difíciles, los enemigos internos agrupados en grupos políticos tradicionales no dejan trabajar al gobierno de turno, desde el principio vienen debilitando la figura presidencial, existen obstruccionismos y persecución política nunca antes vistas", señaló Perú Libre en la nota.

Un Gobierno caracterizado por la inestabilidad política

Desde hace dos semanas, el Gobierno de Castillo se encuentra sumido en una grave crisis política. En apenas siete meses de legislatura el presidente ha remodelado el Gobierno cuatro veces, lo que ha generado un gran descontento social y político en el país. 

Con la designación del nuevo equipo ministerial liderado por el abogado Aníbal Torres, el presidente intentó el martes pasado apagar el incendio que había prendido el nombramiento del exprimer ministro Héctor Valer, que tuvo que dimitir por estar involucrado en un caso de violencia machista.

Desde que ganó las elecciones, políticos, científicos, el Defensor del Pueblo y hasta el Colegio Médico del Perú han exigido la dimisión de Castillo al considerar que no tiene las competencias "mínimas" para el cargo.