El grupo más reducido del Parlamento autonómico –dos diputados–, Adelante Andalucía, ha logrado que la Cámara, con los votos a favor de todos los partidos (PP, PSOE, Vox y Por Andalucía), lleve al Congreso una iniciativa para que las gafas a menores sean gratis en toda España.

Ahora, una vez que ha obtenido la unanimidad de todos, se inicia la tramitación: habrá comparecencia de agentes sociales, enmiendas en comisión, ponencia, debate en comisión y debate en el pleno de nuevo para aprobarse finalmente. Después, irá al Congreso.

La idea central de la proposición es convertir la "salud visual en un derecho universal". "El derecho a ver bien no puede ser un privilegio de clase y hoy lo es", proclamó el portavoz de Adelante, José Ignacio García, que defendió la norma.

Es un éxito político para el partido fundado, entre otros, por Teresa Rodríguez y el exalcalde de Cádiz, José María González, Kichi. Y lo han conseguido porque han elegido una fórmula jurídica que no compromete, en la decisión final, que implica millonarios desembolsos, a la Junta de Andalucía, sino al Gobierno de España.

De este modo, el PP andaluz, del que depende cualquier decisión en la Comunidad porque cuentan con mayoría absoluta, ha visto una oportunidad de quedar bien con un sector de la izquierda y además, meter una cuña en Madrid en un tema social.

Lo aprobado es exactamente una proposición de ley a tramitar ante el Congreso de los Diputados. La Constitución permite que las asambleas y parlamentos autonómicos presenten legislación a debate en Madrid. Esta opción, tal y como lo ha planteado Adelante Andalucía, requiere modificaciones en la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, de aplicación en todo el Estado, en lugar de cambios normativos en Andalucía.

"Por un lado porque queremos que salga y creemos que así habrá más posibilidades, de la otra manera puede que el PP dijera que no había dinero. Y también porque creemos que es un derecho que podría ampliarse también al resto de comunidades y sería positivo", según dijeron a Público en Adelante.

García le añadió carga ideológica a la decisión: "Es lo más viable porque queremos que esta ley se lleve a término, pero además con una filosofía de fondo, el andalucismo no es como otros soberanismos, es universal para todos, queremos abrir en Andalucía el tabú sobre el derecho a una salud digna y queremos que se cumpla en todos los territorios".

El sí de Por Andalucía, que está de acuerdo con el fondo de la norma, como defendió el diputado Juan Antonio Delgado (Podemos) es, sin embargo, un sí crítico, según aseguraron a Público las fuentes consultadas. "Consideramos que pedir desde el Parlamento de Andalucía al Estado que desarrolle una ley en este sentido cuando Andalucía tiene competencias para desarrollar su propia ley aquí es un error y, en cierta medida, son posiciones centralistas, de ahí que el PP esté muy cómodo con la proposición de ley presentada por Adelante", dijeron.

Por Andalucía aseguró que su idea es ahora registrar una proposición  "para que esta ley se desarrolle también en Andalucía y el Gobierno andaluz la dote de presupuesto". "También nos deja perplejos la alianza que han establecido PP y Adelante durante estos dos años de legislatura. Desde luego, el PP está muy cómodo en apoyar medidas que, en el fondo, son solicitar un 155 social en lugar de tener que desarrollarlas y dotarlas de presupuesto desde la Junta", aseguraron las fuentes de Por Andalucía.

Para el PSOE, este tema "permite poner de manifiesto algo preocupante". "El PP ha dicho que está de acuerdo, siempre y cuando lo pague el Gobierno de España ¿Significa que si no lo pagara el Gobierno de España, si lo tuvieran que pagar ustedes, estarían en contra ? Si lo paga el Gobierno de España, sí, si no, no. Para darle dinero a la privada no hay límites", dijo la diputada Pilar Navarro. 

El portavoz del PP, Toni Martín, apoyó también la propuesta de Adelante y aseguró que se enmarcaba en la "vocación de diálogo y consenso" del presidente Moreno, "que pretende que perdure en Andalucía frente a esa insoportable crispación que está llegando a límites inquietantes" en el Estado, dijo. "Lo importante es qué se propone y no quién lo propone", agregó Martín, quien rechazó las críticas del PSOE.  

El voto a favor de PSOE y Por Andalucía es relevante porque en Madrid las mayorías son diferentes y aprobar esto depende, en buena parte de ellos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ya ha manifestado que la idea de financiar de algún modo las gafas forma parte de su proyecto.

Además, una idea similar está recogida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. En ese documento, la guía de actuación del Ejecutivo de coalición a lo largo de esta legislatura, se recoge esta disposición: "Propondremos un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años para familias con menos recursos".

Está por ver la fórmula que elige el Ejecutivo para poner en marcha este asunto, si utiliza para ello la ley de Adelante o recurre a otro sistema.

Incrementos presupuestarios

Aprobar la norma supondría incrementos presupuestarios relevantes, por lo que la opinión de los partidos con responsabilidad en otras Comunidades –y socios del Gobierno en otros temas– será también relevante.

En la memoria económica, Adelante Andalucía estima, con todas las cautelas (es muy difícil saberlo), que el coste de pagar las gafas a los menores podría ser de unos 261 millones de euros cada año para el Estado, de los que 50 corresponderían a Andalucía. La referencia es el precio medio de unas gafas (monturas más 2 lentes graduadas) que ronda los 200 euros, según el Libro Blanco de la Salud Visual.

"Los premios grammy en Sevilla nos han costado 22 millones de euros. Así que 50 millones mucho dinero tampoco es. El gasto militar son 13.000 millones al año. Y el último contrato con Israel es de 287 millones. Por tanto, dinero hay", afirmó García.

En el caso de la financiación de los productos ópticos y de salud visual a personas mayores de edad, el planteamiento de Adelante "es que [el Ministerio de Sanidad] establezca un sistema de financiación parcial por parte de la administración en función de las condiciones socioeconómicas de la población". 

Adelante pretende también que gafas y lentillas "se le sufraguen íntegramente a las personas en riesgo de pobreza". La estimación es que esto supondría al Estado un desembolso de 447,31 millones de euros, de los que 90 irían a la Junta de Andalucía. 

El 61% de la población de 15 o más años utiliza gafas o lentillas, según los datos recopilados por Adelante. A nivel andaluz, esa cifra es más reducida, del 54,89%. En el caso de los menores, el 31% presenta algún problema visual no resuelto. 

"La diferencia entre las clases sociales más altas y más bajas en el uso de las gafas es de un 12% y que Andalucía es la Comunidad Autónoma con menor utilización de gafas de todo el Estado", lamenta Adelante.

"Esto está indudablemente condicionado por el coste de los productos ópticos y de salud visual por lo que de aplicarse esta medida cambiarían estas cifras de manera muy significativa", considera García.