El ajuste permanente condena a la economía española a una tasas ridículas de crecimiento hasta 2016

El Gobierno no se inmuta. Está dispuesto a seguir por la vía de la austeridad pase lo que pase: no va a cambiar la política económica. Ni los más de seis millones de parados, ni una realidad económica que ha hecho añicos sus previsiones le alteran el paso. Lo único que hará es ampliar los plazos —dos años— para cumplir con el objetivo de déficit y acelerar lo que llama "reformas estructurales", muchas de ellas ya conocidas. 

Flanqueada por Luis De Guindos, ministro de Economía, y por Cristóbal Montoro, el titular de Hacienda, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría presentó los nuevos recortes propuestos por el Gobierno. Lo hizo bajo el nombre de Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad (ver PDF), el que cada año debe presentarse a Bruselas. 

Lo primero que quiso dejar claro Sáenz de Santamaría es que no habrá subida de los dos grandes impuestos, IRPF e IVA. Pero sí anunció una subida de los impuestos especiales, los que gravan entre otras cosas el tabaco, el alcohol aunque Montoro descartó los hidrocarburos. 

El ministro de Hacienda no precisó mucho más y se negó, pese a la insistencia de los periodistas, a confirmar si subirán los impuestos del alcohol y el tabaco. Lo dejó para más adelante, aunque no precisó cuando entrarían en vigor las subidas. Sí habló de "creación de nuevos impuestos medioambientales de carácter indirecto y de un impuesto sobre los depósitos bancarios".

Añadió el titular de Hacienda que hay "margen para eliminar algunas deducciones en el Impuesto de Sociedades". En este punto, el sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha) dijo este viernes que es insuficiente que se supriman algunas de la deducciones para las compañías que facturan más de 20 millones anuales y abogó por un impuesto de sociedades del 35% para las grandes empresas con al menos un millón de beneficios, lo que aportaría al Estado 13.943 millones. 

El Gobierno cree que el PIB va a caer un 1,3%. El crecimiento llegará tímidamente sólo a partir de 2014

No habrá subida del IRPF, pero el famoso "recargo temporal de solidaridad" se prolongará un año más. Cristóbal Montoro anunció que el Gobierno mantendrá el gravamen temporal del IRPF en el año 2014, un año más de lo prometido en diciembre de 2011 cuando subió este impuesto. Sigue manteniendo que lo eliminará en 2015.

"No vamos a subir el IVA, ya se ha subido, ha sido necesario hacerlo, y está impactando plenamente en 2013, por tanto, las consecuencias de esta subida no están agotadas. Tampoco en modo alguno vamos a subir el IRPF, el compromiso del Gobierno es suprimirlo el gravamen complementario en 2015, antes no es factible, nos gustaría, pero no es factible", subrayó Montoro. A este respecto, los Técnicos de Hacienda lamentan que se prorrogue un año la subida del IRPF. En su opinión, esto supondrá un agravante para el consumo de los hogares y para los ingresos de pensionistas y mileuristas, que suponen más del 60 % de los asalariados.

Revisión profunda de las previsiones

Aunque recurrieron a las buenas palabras, ni la vicepresidenta ni De Guindos pudieron disimular unas malas previones económicas —"conservadoras" dijo el ministro de Economía y Competitividad— y explicar un nuevo cuadro macroenómico que difiere bastante del presentado hace un año.

Tan malas son las previsiones que el Gobierno reconoce que el paro no bajará del 25% antes de 2016, año en que la tasa estará, según sus cálculos, en el 24,8%. Para este año prevé una tasa del 27,1%, que ya es una realidad; en 2014 el paro se quedará en el 26,7% y en 2015 llegará al 25,8%. 

El paro es consecuencia del escaso crecimiento previsto: de hecho, en este 2013, el Gobierno cree que el PIB va a caer un 1,3%. El crecimiento llegará tímidamente en 2014, cuando la economía crecerá un 0,7%. En 2015 está previsto un crecimiento del 0,9% del PIB. Sólo el año 2016, el año prometido, crecerá un 1,3%. En cualquier caso, cualquier crecimiento en los próximos tres años será insuficiente para crear empleo.

En lo que se refiere al déficit público, el ansiado objetivo del 3% no se alcanzará hasta 2016. El Ejecutivo aplaza dos años dicho objetivo, pero no parece tiempo suficiente como liberar a la población del yugo de la austeridad. Para este año 2013 prevé un déficit del 6,3%, lo que supondrá un alivio para las Comunidades Autónomas, que este año tenían un límite de déficit del 0,7% de su PIB y que con los nuevo plazos podrán incurrir en un déficit del 1,2%. En 2014, con un objetivo total del 5,5%, las Comunidades Autónomas sólo podrán llegar al 1% de su PIB; en 2015 el objetivo de déficit será del 4,1% del PIB y las comunidades no podrán superar el 0,7%.

La Comisión Europea ha avalado este aplazamiento. "El aplazamiento de la corrección del déficit excesivo hasta 2016 es coherente con el actual análisis técnico llevado a cabo por los servicios de la Comisión de lo que sería una senda de consolidación fiscal equilibrada, pero todavía ambiciosa, teniendo en cuenta la difícil situación económica", dijo el portavoz de Asuntos Económicos, Olivier Bailly, en una declaración.

En cuanto a la deuda pública 2016, el año que parece marcar el punto de inflexión, la deuda pública ya será del 100% del PIB, en concreto del 99,8% del PIB.

Pero en las previsiones hay un dato aún más preocupante: el consumo de las administraciones públicas, que será negativo hasta 2016. En la práctica esto supone que el Estado renuncia a ser el motor de la economía y que la inversión pública bajará cada año en los próximos tres. 

"Reformas estructurales"

Junto al Programa De Estabilidad, Sáenz de Santamaría anunció un nuevo paquete de reformas, un nuevo impulso del conocido Programa Nacional de Reformas, que contempla 22 medidas, de las que ocho son claves, en opinión del Ejecutivo.  Sáenz de Santamaría anunció que Mariano Rajoy acudirá al Congreso de los Diputados para explicar todas estas medidas. 

La vicepresidenta sintetizó las prioridades del Gobierno. Anunció que el Ejecutivo persistirá en el saneamiento de las cuentas públicas y seguirá transitando el camino de la consolidación fiscal. Es decir, habrá más austeridad. En este punto se incluye la creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y aprobar cuanto antes la Ley de Transparencia. 

Anunció también una evaluación de la reforma laboral en un momento crítico para el empleo: ayer se conoció que la tasa de paro está en el 27,1% y que ya hay 6,2 millones de parados. En este sentido, también anunció una actuación para crear empleo. La famosa y esperada Ley de Emprendedores es otra prioridad para el Gobierno. La vicepresidenta anunció medidas fiscales al emprendedor y a las empresas que reinviertan sus beneficios. 

Habrá también una Ley de desindexación de la economía española en la que básicamente se utilizará un índice diferente al del IPC para los contratos de las administraciones públicas, aunque tampoco precisó si afectará a las pensiones. A todos ello habrá que añadir una nueva ley para regular los colegios y asociaciones profesionales y un Código de Buen Gobierno.

Las reformas prioritarias para el Gobierno

La ley de desindexación es sólo una de las 22  grandes reformas estructurales que quiere impulsar el Gobierno, entre ellas la sostenibilidad de las pensiones, aunque hay ocho que considera prioritarias.

1-Saneamiento de las cuentas públicas. Habrá nuevas medidas de consolidación fiscal, que es lo mismo que decir austeridad. Estas medidas se aplicarán en el ámbito. el ámbito de la seguridad social. Para ello se comprometen a crear lo antes posible la autoridad independiente de responsabilidad fiscal para que pueda llevar a cabo sus tareas de cara al próximo año. También se aprobará cuanto antes la ley de transparencia y acceso a la información publica, así como el plan de lucha contra la morosidad en las administraciones públicas.

2- Ley de desindexación de la economía española. El Gobierno desvincular los contratos de las administraciones públicas de la evolución del IPC. No aclara si se aplicará a las pensiones.

3-Reforma de las administraciones públicas. Habrá dos elementos clave:  la aprobación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que servirá para ahorrar hasta 2015 casi 8.000 millones de euros y el informe de la reforma de las administraciones públicas antes del 30 de junio de 2013. A partir de ahí se pondrán en marcha de inmediato algunas de sus medidas, fundamentalmente en el ámbito de la administración electrónica y simplificación de procedimientos.

4- Plan anual política de empleo y estrategia plurianual de activación para el empleo. El Gobierno anunció que hará una evaluación de los efectos de la reforma laboral en su primer año, pero es improbable que rectifique dicha reforma.

5- La ley de apoyo al emprendedor y a la internacionalización. Incluirá ayudas fiscales, como el régimen especial en el IVA, la reducción por inversión de beneficios, o la deducción por actividades de I+D. También habrá nuevas medidas de impulso al mercado de renta fija, programas de reducción de cargas administrativas, y la regulación de la segunda oportunidad, así como medidas para impulsar la internacionalización de los emprendedores como la agilización de visados y autorizaciones de residencia para emprendedores extranjeros.

6-Ley de garantía de la unidad de mercado. El Ejecutivo la aprobará por el trámite de urgencia tras identificar, según la vicepresidenta, "más de 50.000 normas que es necesario rearticular".

7- La ley de colegios y servicios profesionales. Buscará la simplificación y la apertura de actividades en España, mientras que se aprobará un código de buen gobierno corporativo para las empresas públicas españolas.

 8- Código de Buen Gobierno.