Los aliados del Gobierno elevan la presión para que Sánchez no dimita el lunes

La prudencia ha dejado paso a la contundencia. Cuando Pedro Sánchez publicó la carta en la que anunciaba una pausa para "reflexionar", todas las fuentes de entre los aliados del Gobierno a las que contactó este periódico declararon su profunda sorpresa. Con el paso de las horas, ese 'shock' inicial se ha tornado en declaraciones públicas y privadas que han combinado el apoyo personal con la exigencia de no dejarse doblegar y no poner en riesgo el Gobierno de coalición.

La consigna es clara: que Sánchez no dimita. Sumar, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, Podemos o Bloque Nacionalista Galego (BNG) se han esmerado en exhibir, este jueves, una fotografía del bloque progresista sin grietas. Pero lo han hecho con una cierta incomodidad con cómo se han desencadenado los acontecimientos, sin un convencimiento absoluto de que no se trate de una estrategia y con una reivindicación de sus propios problemas con la justicia.

Además, hay una idea que sobre sale del resto. "Que siga Sánchez, pero no así", ha deslizado un destacado miembro del Grupo Parlamentario de Sumar durante el día. Ha hablado de una "cierta corresponsabilidad" del PSOE con el PP por no avanzar en la renovación de la justicia para terminar con el lawfare "teniendo todas las herramientas". Eso entronca con lo que ha dicho, en público, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, que acusa a Sánchez y al PSOE de "mirar para otro lado" cuando las violentadas han sido otras formaciones políticas. Ha citado los casos de Mónica Oltra (Compromís) o Irene Montero (Podemos).

Tampoco Podemos, en boca de su secretaria general, Ione Belarra, ha perdido la oportunidad de reprimir al Partido Socialista por esperar hasta sufrir en sus propias carnes un caso como el de Begoña Gómez —que todas los partidos de izquierdas de la Cámara Baja han convenido en calificar de lawfare— para levantar la voz y, en palabras, en este caso, de Rufián, "poner pie en pared".

De todas formas, tanto Belarra, como Rufián, como cargos parlamentarios de Sumar y del Gobierno (el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o la propia Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Ejecutivo), han cerrado filas con Sánchez. Lo han hecho con todos los matices del mundo, pero, ante las pocas certezas con respecto a una posible dimisión, el apoyo es meridiano. También el de EH Bildu. El secretario general del PNV, Andoni Ortuzar, no ha sido tan contundente, pero los tratos en Euskadi entre PSE y los jeltzales descartan cualquier suspicacia.

Los pasillos del Congreso han hervido en las últimas horas. Había poca actividad parlamentaria —algo que, por cierto, se han hartado de criticar los aliados de Sánchez—, pero mucha ansia por responder las preguntas que todo el mundo se hace. Entre algunos diputados gana peso la posibilidad de que Sánchez plantee una cuestión de confianza el lunes. Otros, parecen convencidos de que la dimisión está verdaderamente encima de la mesa. 

Lo cierto es que, incluso antes de que Sánchez soltara la bomba, ya había una cierta mar de fondo acerca del tono que había exhibido el presidente del Ejecutivo en la sesión de control. Hay consenso en que se le vio apesadumbrado. Las respuestas no fueron demasiado largas y la abandonó el hemiciclo antes de lo previsto. 

Los puntos débiles de Sánchez en el Congreso

Dando por hecho que, el lunes, Sánchez diga que quiere continuar, aunque nadie (ni siquiera el PSOE) descarta lo contrario, se abre el posible escenario de una cuestión de confianza. Es una herramienta que prevé la Constitución para que un presidente del Gobierno someta su continuidad a una votación en la Cámara. Para continuar, Sánchez no necesitaría la mayoría absoluta, sino más síes que noes. En otras palabras, una abstención de Junts per Catalunya no sería un problema.

El hermetismo en las filas posconvergentes es el habitual. Solo ha hablado su líder, Carles Puigdemont. Él mismo sugiere a Sánchez que la salida que tiene es una cuestión de confianza, pero no dice si la apoyará. Todo ello, por supuesto, en el marco de la campaña electoral catalana y con la Ley de Amnistía todavía en danza, empantanada en el Senado, por lo menos, hasta el día 16 de mayo. Y esa pretendidamente ambigua actitud de Junts per Catalunya pone bajo el foco a Coalición Canaria. Cuán es importante un escaño en una legislatura de aritmética tan ajustada con la actual.

Fuentes de los canarios, en conversación con Público, prefieren no hacer conjeturas. Mantienen la incógnita de qué harían en un supuesto caso en el que su voto decidiera entre mantener a Sánchez en La Moncloa o expulsarlo. Su diputada, Cristina Valido, a la que el tuit de la carta pilló volando a Canarias, sí reconoce que "se veía venir" una situación de este tipo después de la extrema bronca parlamentaria.

Con todo, la cuenta atrás ha descontado ya un día. Los aliados de Sánchez han pasado de la sorpresa a elevar la presión para impedir la dimisión y consagrarse para empujar hacia adelante. Los acuerdos de investidura dependen de ello. "Sería un mal ejemplo irse por las publicaciones de una organización filofascista como Manos Limpias", ha dejado caer Rufián, en referencia a ganar el pulso a la extrema derecha. El fin de semana será largo.