Amnistía Internacional ha enviado casi 70.000 firmas al grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para que 'se pare' la reforma de la justicia universal que situará a España 'a la cola del mundo en la investigación de los peores crímenes internacionales'.

En un comunicado, Amnistía explica que más de 120 organizaciones nacionales e internacionales se han dirigido a Naciones Unidas y al Parlamento Europeo para que rechacen la reforma porque 'supondría una violación de las obligaciones internacionales de España'.

La organización pide a todos los grupos parlamentarios que voten en contra mañana jueves durante el pleno que abordará esta iniciativa, que fue respaldada el pasado 20 de febrero con los únicos votos del PP.

Las firmas se han recogido a través de una ciberacción lanzada pocos días después de que esta propuesta legislativa se presentara el 17 de enero. En ella, la organización exige la retirada de la reforma de esta propuesta así como una legislación que promueva el principio de la jurisdicción universal, una herramienta fundamental para que todas las víctimas, que tienen el legítimo derecho de buscar justicia en otros países, puedan acceder a ella.

'España estaba en el pasado en la vanguardia de la lucha mundial para hacer rendir cuentas a los responsables de los peores crímenes internacionales, con investigaciones en curso por parte de la Audiencia Nacional de violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental, entre otros, en aplicación del principio de jurisdicción universal', explica Amnistía.

Para esta organización, si se aprueba la reforma las autoridades españolas 'confirmarían su intención de situar los intereses económicos por encima de los derechos humanos', opina Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

'Este proyecto de ley ha coincidido en el tiempo con las presiones ejercidas por parte del Gobierno de China para que cese la investigación en curso de los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por sus fuerzas de seguridad en el Tíbet', añade Beltrán.

Actualmente, 163 estados tienen legislación que permite aplicar el principio de jurisdicción universal respecto a uno o más crímenes de derecho internacional o delitos ordinarios tipificados en el derecho nacional, recuerda.

En la Unión Europea, todos los países contemplan la aplicación del principio de jurisdicción universal para al menos un crimen de derecho internacional.

Amnistía rechaza que la reforma anule la posibilidad de investigación de crímenes de derecho internacional en España y que exija diversas condiciones como que el presunto responsable sea español o extranjero y resida en España, o que la víctima sea española y el presunto autor se encuentre en el país para poder investigarle.

Además, señala que esta reforma se aplicaría no sólo a futuras investigaciones sino también a aquellos casos que ahora están abiertos, como la causa sobre el genocidio tibetano, torturas en Guantánamo o el caso Couso, que quedarían archivados.