La Fiscalía Anticorrupción investiga las comisiones millonarias obtenidas por dos empresarios, Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón, por la adquisición de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020, justo al inicio de la pandemia. 

En concreto, Anticorrupción investiga dos de los tres contratos adjudicados en la última semana de marzo de 2020 a una empresa radicada en Malasia para la compra de mascarillas, test de anticuerpos y guantes. Esta compra se realizó a través de la empresa pública funeraria de Madrid, que sí podía adelantar el dinero público para garantizar los contratos, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos.

Fruto de esa operación, Luis Medina Abascal, hijo del duque de Feria y Nati Abascal, se habría llevado una comisión de un millón de euros por poner en contacto a su amigo Alberto Luceño, empresario textil, con altos cargos del Ayuntamiento de Madrid para realizar esta operación.

Los tres contratos en cuestión hacen referencia a uno de 6,6 millones de dólares (5,98 millones de euros) para la adquisición de un millón de mascarillas FFP2/ KN95. Además se incluyó una donación de 183.000 de las mismas características. Otro de 4,8 millones de dólares (4,35 millones de euros) para la adquisición de 250.000 test, y otro de cinco millones de dólares (4,53 millones de euros) para la compra de 2,5 millones de pares de guantes. De esta cantidad se devolvieron al Ayuntamiento cuatro millones de dólares (3,62 millones de euros) por no reunir las características requeridas. En total se pagaron 12,3 millones de dólares (11,14 millones de euros) a la empresa LENO.

Fuentes municipales han precisado a Europa Press que "estos contratos se aprobaron en el Consejo de Funeraria Municipal los días 23 y 25 de marzo de 2020 por todos los grupos". De los tres contratos con la empresa radicada en Malasia, "todos ellos en precio según oferta y demanda del momento", dos de ellos se abonaron en su totalidad y un tercero, relativo a los guantes, se devolvió parte de lo pagado por no ser el modelo acordado en la compra.

La presidenta de la Funeraria Municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha convocado un consejo extraordinario para este lunes a las 10.00 horas por los contratos de emergencia aprobados en la pandemia.

Entre marzo y julio de 2020 se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos ellos remitidos al Tribunal de Cuentas.

Almeida dice que el Ayuntamiento está colaborando

Ante la aparición de la noticia, el Ayuntamiento de Madrid ha remitido la Fiscalía Anticorrupción toda la información sobre los contratos de emergencia de material sanitario en las primeras semanas de pandemia, que fueron aprobados en el Consejo de la Funeraria.

Además, tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como la vicealcaldesa, Begoña Villacís, se han apresurado a salir a la palestra. "Somos los primeros interesados en conocer si se ha producido algún delito con dichos contratos", ha dicho Almeida. El alcalde ha explicado que se ha abierto una investigación a dos personas que participaron en tres contratos de material sanitario, pero que son dos empresarios "al margen" del Ayuntamiento y que a la institución no se le atribuyen "conductas imputables" ni ninguno de los presuntos delitos que está dirimiendo. De hecho, ha indicado que hubo una persona del Consistorio que compareció en calidad de testigo para dar "todas las explicaciones".

Villacís, por su parte, ha remarcado que el Consistorio madrileño ha sido "reclamado en calidad de testigo". En este punto ha explicado que "está siendo investigada la empresa, no el contrato" y que "no es lo mismo ser testigo que ser acusado". "Por la información que tenemos se investiga la empresa y la consecución de comisiones en la empresa", ha zanjado la vicealcaldesa.

El Ayuntamiento de Madrid está valorando personarse como acusación en el caso si finalmente se demuestra que ha habido un perjuicio a las arcas municipales. "Si la investigación de la Fiscalía concluyera que se cometió un delito que hubiera supuesto un perjuicio para las arcas municipales, el Ayuntamiento de Madrid estudiará la manera de personarse como acusación como posible perjudicado", han trasladado fuentes municipales.sentimiento.