La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González comparezcan como testigos en el juicio sobre la supuesta caja B del PP. Pero además, el Ministerio Público solicitará que ambos sean condenados como partícipes a título lucrativo por haberse beneficiado con los servicios reputacionales que ejecutaba en redes sociales Alejandro de Pedro, el conseguidor de la Operación Púnica, según ha informado Cadena Ser.

Unos trabajos de reputación que fueron abonados por el Partido Popular de Madrid con el dinero de la mencionada caja B, gestionada por Beltrán Rodríguez (gerente de Aguirre), o bien con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.

Anticorrupción afirma que en 2012, Aguirre recibió cinco de estos informes reputacionales, e Ignacio González, 14. Al ser posicionamientos privados, la Fiscalía defiende que la Comunidad de Madrid no podía abonarlos con dinero público, por lo que los dirigentes tuvieron que idear otros métodos de abono.

Condena civil

Por tanto, el Ministerio Público trasladará esta petición al Tribunal durante la fase de cuestiones previas en el juicio oral, y solicitará al tribunal que  Aguirre abone 26.000 euros y González 28.293 euros.

Si el tribunal admite la petición de la Fiscalía, se trataría de una condena civil, que implica que el aludido desconoce el carácter ilícito del dinero por el que se ha beneficiado y debe asumir una responsabilidad civil; tal y como se calificó el caso Gürtel.

La semana pasada, el magistrado García-Castellón rechazó la petición de Anticorrupción de declarar a Aguirre y a González partícipes a título lucrativo al declarar la apertura de juicio oral. Sin embargo, el Ministerio Público vuelve a elevar la petición en el juicio oral, para el que todavía no hay fecha señalada.