El Partido Popular (PP) de Zaragoza arropó este lunes a su alcalde condenado por elegir él a los vecinos para seguir en el cargo, Francisco Pardillos, de Manchones, en su regreso al juzgado para declarar como investigado por otra presunta manipulación del censo en vísperas de presentarse a la reelección el pasado mes de mayo.

Máximo Ariza, exdirigente del Par (Partido Aragonés) que hace ya más de dos años se pasó a las filas populares; Javier Lafuente, presidente de la comarca del Campo de Daroca por los conservadores la pasada legislatura, y Miguel García, alcalde de Daroca por los aragonesistas entre 2011 y 2019 y que el 26-M encabezó sin éxito la lista de los populares en esa localidad, acompañaron este martes a Francisco Pardillos, primer edil de Manchones, que estaba citado en el juzgado de la capital comarcal para declarar como imputado por un nuevo delito electoral. En su comparecencia estuvo asistido por José Luis Blanco, histórico letrado de los conservadores y tradicionalmente vinculado a su grupo en la Diputación Provincial.

Pardillos negó cualquier relación con el presunto empadronamiento irregular de algunos vecinos en los últimos meses de mandato de su sucesor, Jesús Ángel Bernal, del Par y que le sustituyó mientras el cumplía una pena de inhabilitación de seis meses por la que se vio obligado a dimitir.

El juzgado de Daroca investiga si Bernal, el secretario y el alguacil realizaron los empadronamientos supuestamente irregulares para favorecer a Pardillos, que se presentó como cabeza de lista del PP en la pequeña localidad junto con su primo Pablo Pardillos, y si aquel estaba al tanto del asunto.

La candidatura tenía la particularidad de que todos los integrantes, que eran ellos dos, contaban con antecedentes penales: el alcaldable por conducir bebido y por manipular el censo, y su lugarteniente por obligar a mujeres a prostituirse.

“Sigo sin saber de qué se me acusa”

Varios de los empadronamientos bajo sospecha coinciden con los que provocaron la condena de Francisco Pardillos, entre los que se incluyen los de su compañero de candidatura, la esposa de este y la hija de ambos. El interrogado no acertó a dar explicaciones sobre la situación censal de esta última pese a la insistencia de la magistrada.

Vista del pueblo aragonés de Manchones. WIKIPEDIA

El actual alcalde aseguró no saber nada de “algunas de esas personas que están en la sentencia y que vuelven a estar empadronadas en Manchones” y, a preguntas de la juez, negó que los imputados hubieran ido con esas inscripciones “preparando el terreno empadronando de nuevo para volver a hacer lo que hicieron”.

Su letrado, José Luis Blanco, protagonizó en el juzgado una extraña situación: aseguró al acabar la comparecencia que su defendido no había sido informado sobre los hechos antes de comenzar el interrogatorio, algo que, en principio, supone una infracción de calado suficiente como para arruinar unas diligencias. “Sigo sin saber de qué se me acusa o por qué se me investiga”, dijo el alcalde a preguntas del letrado.

Lo que había ocurrido en realidad era que el abogado no había accedido a las actuaciones a pesar de haber recibido la citación a mediados de la semana anterior; concretamente, el miércoles 16.

El silencio de la defensa

La jueza, que le explicó que suspende las declaraciones cuando existe riesgo de indefensión para los imputados y una de las partes lo pone de manifiesto, mostró su perplejidad por el hecho de que el abogado hubiera “permanecido en silencio durante toda la declaración sin manifestar que no había tenido acceso al expediente”. “No me lo explico”, dijo.

Bernal, por su parte, negó en su declaración, prestada en junio, que durante su mandato se hubieran efectuado en el ayuntamiento de Manchones empadronamientos de carácter irregular. De hecho, llegó a asegurar que él había endurecido las normas con una ordenanza que exige a los aspirantes aportar pruebas como los consumos de electricidad y los contratos de alquiler, o demostrar que poseen una vivienda en propiedad.

El exalcalde, que explicó que suele ver por el pueblo a varios de los empadronados bajo sospecha, negó que su inscripción estuviera relacionada con la proximidad de las últimas elecciones.