¿El ataque de Abascal a Sánchez constituye un delito de odio, de amenazas o ninguno de los dos?

Las expresiones utilizadas por el ultraderechista Santiago Abascal en un periódico argentino en relación con el presidente del Gobierno español parecen haber sobrepasado todos los límites democráticos, según opinan juristas consultados por este diario; en especial cuando el líder de Vox dice en la entrevista en Clarín que "habrá un momento dado que el pueblo querrá colgar de los pies" al presidente Pedro Sánchez, en alusión a la forma en la que fue exhibido el cadáver del padre del fascismo, Benito Mussolini. 

Para José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, estas palabras "desbordan todos los límites de las reglas democráticas" y califica con sorna el hipotético delito de Abascal como "un delito de lesa democracia, si existiera, porque es un ataque a los principios básicos de la democracia. Que un miembro del Parlamento sugiera que hay que matar al presidente es algo muy grave". 

Pero en el terreno del Código Penal, la pregunta pertinente es si esas palabras constituyen un delito, más allá del debate sobre si son escandalosas, de mal gusto o forman parte de la estrategia de Vox para imponerse al PP en el relato de la derecha sobre la cacareada "dictadura" que ejerce Sánchez. 

Delito ve el jurista Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, pero no de odio. "En el delito de odio debe haber una incentivación a discriminar por razón de una causa discriminatoria, que no creo que haya aquí. Creo que estamos incurriendo todos en creer que cuando alguien expresa odio sea un delito de odio. El delito no es odiar, sino incitar a la discriminación y no se puede decir que Pedro Sánchez sea un colectivo discriminado". 

Para Urías, en cambio, sí podría hablarse en este caso de un delito de amenazas "muy ligth [por leve]", o "de incitación a algún tipo de lesiones o a algo más grave; creo que es más certero ir por ahí antes que por el delito de odio". 

La amenaza de un diputado

El abogado penalista José Luis Mazón cree, por el contrario, que sí habría delito de odio, "desde la posición de un líder político que está transmitiendo la consigna de que hay que ir a por el presidente del Gobierno o a por los miembros de su Gobierno". 

Para este letrado especializado en derechos humanos, Abascal "estaría induciendo a una conducta determinada, estaría ejerciendo unas pre coacciones contra un gobierno de una determinada ideología. No creo que esas expresiones estén amparadas en la libertad de expresión". Para Mazón, la Fiscalía debería iniciar una investigación. 

Fuentes del Ministerio Fiscal indican a este diario que aún no se ha decidido si hay que estudiar las palabras de Abascal. Si finalmente la Fiscalía abre esa investigación, no sería la primera vez que pone el foco en el líder ultra. El verano pasado la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio abrió una pre investigación sobre las afirmaciones de Santiago Abascal que atribuían falsamente a un hombre magrebí el asesinato de una mujer en su tienda en el centro de Madrid, por si constituyen un delito de incitación al odio y a la violencia de carácter racista.

Vox pide seis años de cárcel para un tuitero

La imagen que evocan las duras expresiones de Abascal contra Pedro Sánchez es la misma que un tuitero publicó contra el líder de Vox en 2021 y que le ha llevado al banquillo de los acusados. La fotografía de los cuerpos masacrados del italiano Mussolini y de su pareja, Clara Petacci, colgados de los pies en Milán, en abril de 1945, junto con otros jefes fascistas sirvió a un joven tuitero para ilustrar su mensaje en X (antes Twitter): "Monasterio y Abascal colgados del Puente de Vallecas". 

El tuit se publicó poco antes de un mitin de Vox en el barrio de Vallecas en las elecciones madrileñas de 2021, en las que Rocío Monasterio se presentaba como candidata de Vox a la Asamblea de Madrid. El mitin acabó con fuertes enfrentamientos entre los seguidores de Vox y manifestantes antifascistas.

Este tuitero será juzgado dentro de poco, acusado de dos delitos: un delito de odio y otro de amenazas leves. El partido ultra pide para él casi seis años de cárcel, mientras que la Fiscalía no ha presentado acusación y defiende que en todo caso cabría acusarle de un delito de amenazas leves. 

Este fue el criterio seguido en un principio por el juzgado instructor que se hizo cargo de la denuncia de Vox y que decidió imputarle únicamente por amenazas. Pero el partido ultra recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid, insistiendo en que había que acusar al joven también de un delito de odio por aquel tuit, y los magistrados le dieron la razón, en contra, incluso, de la doctrina del propio Tribunal Supremo. 

Según el Alto Tribunal, los partidos políticos no son "diana" de los delitos de odio, en el sentido de que no forman parte de colectivos vulnerables. Y así, el Supremo ha quitado la razón a Vox en varias ocasiones cuando ha denunciado que les han comparado con los nazis, por ejemplo. 

El caso del tuitero, que aún no tiene fecha de juicio, podría servir de guía en una hipotética investigación contra Santiago Abascal por sus expresiones recientes contra Pedro Sánchez. Y además ilustra cómo Vox persigue los posibles delitos de odio en su contra pero luego es capaz de justificarlos si supuestamente los cometen ellos mismos. 

Porque lejos de una retractación, los de Vox se aferran a las palabras de su líder. Así, el secretario general del partido ultraderechista, Ignacio Garriga, ha justificado que Abascal haya pronunciado semejante amenaza, al advertir en el periódico Clarín de que "habrá un momento" en el que "el pueblo querrá colgar de los pies" a Sánchez. Para Garriga, esta expresión refleja "la suerte de muchos dictadores y eso no es odio, es historia". 

Explicaciones en el Congreso

Para José Antonio Martín Pallín, la presidencia del Congreso de los Diputados debería preguntar a Santiago Abascal en el próximo pleno, que es este martes, si se retracta de las declaraciones hechas en Argentina, a donde viajó el líder ultra para asistir a la investidura de Javier Milei. 

"En caso de no hacerlo, se le podría intentar sancionar --dice el jurista-- porque ha hecho esas manifestaciones en calidad de miembro del Parlamento español". El reglamento del Congreso prevé sancionar a los diputados si con sus declaraciones ofenden al "decoro de la Cámara", a sus miembros o a las instituciones del Estado.