El hemiciclo del Congreso volvió a albergar este miércoles un nuevo espectáculo de violencia política en el que la ultraderecha de Vox, con la connivencia del PP, fue protagonista una vez más. Y de nuevo, hacia una de las figuras sobre las que estas prácticas se dan más a menudo, esto es, sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero.

A colación de la polémica por la interpretación perversa de la ley del sólo sí es sí, la diputada de Vox Carla Toscano cruzó una nueva línea roja al llamar desde la tribuna a Irene Montero "libertadora de violadores" y señalar que su "único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

Otra vez, su vida personal volvió a ser motivo de críticas para desprestigiar a la titular de Igualdad, aunque en esta ocasión, y a pesar del silencio de la presidencia del Congreso, este comportamiento fue respondido con un aplauso cerrado de numerosos diputados progresistas, además de la diputada de Cs presente en ese momento, Sara Giménez, para apoyar a Montero.

En esos momentos, el vicepresidente primero de la mesa del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez de Celis, era quien ocupaba la presidencia de la Cámara Baja ante la ausencia de Meritxell Batet. Tras lo acontecido, solo pidió a la diputada retirar del diario de sesiones su falta de respeto y, al término de la sesión plenaria de este miércoles, Batet llamó a "reflexionar" sobre lo que había ocurrido a lo largo del día.

Pero se da la circunstancia de que esta agresión verbal no es nueva. Desde la irrupción de Vox en el Congreso, epicentro de la actividad política, la ultraderecha ha llenado de barro todos los debates con faltas de respeto y críticas que trascienden lo político. Frente a estas actitudes, la actuación de la mesa del Congreso nunca ha ido más allá de llamadas al orden o a la reflexión y reprimendas a pesar de que muchos grupos le han pedido ser tajantes y no ponerse de perfil.

De hecho, el propio Rodríguez de Celis era la máxima autoridad de la Cámara Baja cuando el diputado de Vox José María Sánchez García se negó a abandonar el Pleno tras ser llamado al orden tres veces. Esta decisión la adoptó el socialista después de que el parlamentario ultra llamara "bruja" a la diputada del PSOE Laura Berja cuando defendía una proposición de su grupo para penalizar el acoso a las mujeres en las clínicas abortivas.

Tras un breve receso, y a pesar de esta conducta, José María Sánchez García continuó sentado en su escaño y el asunto se saldó con un discurso posterior de Batet pidiendo a los diputados, en velada alusión a Vox, más "respeto" y "educación" en sus intervenciones en el pleno para "dar ejemplo" a los ciudadanos, dejando "los insultos y las ofensas fuera" del Parlamento.

¿Qué dice el reglamento del Congreso?

A raíz de estos últimos comportamientos de Vox, la sombra se ha vuelto a posar sobre la pasividad de la mesa del Congreso, y especialmente de la presidencia, encargada de "velar por el mantenimiento del orden en el recinto del Congreso de los Diputados y en todas sus dependencias", según el reglamento de la Cámara Baja. Son varios los portavoces que han llamado otra vez en el día de hoy a actuar con contundencia y poner "pie en pared" para que estas conductas no se repitan.

En esta línea, tal como establece el Artículo 103.2 del reglamento, un diputado puede ser llamado al orden, entre otras cuestiones, "cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad".

Asimismo, el Artículo 104.1 del texto sostiene que al orador que sea llamado al orden tres veces en una misma sesión "le será retirada, en su caso, la palabra y el presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto
de la sesión". Y, si el diputado sancionado no atendiere al requerimiento de abandonar el salón de sesiones, el presidente "adoptará las medidas que considere pertinentes para hacer efectiva la expulsión". En este caso, "la Presidencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 101, podrá imponerle además la prohibición de asistir a la siguiente sesión".

Por último, el precepto 105 recoge la posibilidad de que Meritxell Batet, "en el ejercicio de los poderes de policía a que se refiere el artículo 72.3, de la
Constitución, velará por el mantenimiento del orden en el recinto del Congreso de los Diputados y en todas sus dependencias, a cuyo efecto podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas, poniendo incluso a disposición judicial a las personas que perturbaren aquel".