"El Gobierno de España ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados que tengan bajos ingresos", así anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una nueva prestación para paliar los efectos económicos de la Guerra de Ucrania el 25 de junio del año pasado.

El Gobierno estimaba que la medida beneficiaría "a 2,7 millones personas", lo que supondría una inversión de "540 millones" de euros. A pesar de esos cálculos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, un año después la ayuda solo ha llegado a 629.739 españoles, un 23,32% del total estimado, según los datos de la Agencia Tributaria obtenidos por Público tras una solicitud de acceso a la información pública.

El Gobierno, por lo tanto, ha desembolsado 125,95 millones de euros y no los 540 que pretendía invertir. En su respuesta a la solicitud de Público, realizada al amparo de la ley de transparencia, la Agencia Tributaria detalla que ha rechazado las solicitudes de 669.313 españoles que pidieron recibir la ayuda. Hacienda, por lo tanto, ha desestimado más solicitudes que las que ha aprobado.

Para poder optar a la ayuda, que consistía en 200 euros en un único pago, las personas tenían que haber ingresado menos de 14.000 euros en 2021 y contar con un patrimonio inferior a 43.196,40 euros sin tener en cuenta la vivienda habitual. Además, había otros requisitos como no ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o estar apuntado como desempleado en las oficinas de empleo en caso de no estar trabajando. Los pensionistas también estaban excluidos de poder recibirla.

No hubo ni 2 millones de solicitudes

La ayuda únicamente se podía solicitar de forma electrónica a través de la página web de la Agencia Tributaria y el plazo acababa el 30 de septiembre de 2022. La respuesta de la Agencia Tributaria a Público, que aporta datos a 28 de junio de 2023, detalla que solicitaron la ayuda un total de 1.304.176 españoles. Así que a pesar de que el Gobierno estimaba que habría 2,7 millones de beneficiarios, ni siquiera hubo tantos solicitantes.

De esos 1,3 millones de solicitantes, 629.739 han acabado siendo beneficiarios, otros 669.313 han visto su solicitud desestimada por no cumplir con los requisitos y, por lo tanto, otros 5.124 aún no habrían tenido respuesta. La Agencia asegura que "existen solicitudes de ayuda que, actualmente, se encuentran en estado de tramitación, por lo que el número de solicitudes acordadas irá incrementándose en las próximas fechas". Pero teniendo en cuenta los 1,3 millones de solicitantes, la cifra de beneficiarios solo podría aumentar en esas otras 5.000 personas que aún no han recibido respuesta.

Desde que finalizaba el plazo para pedir la ayuda, la Agencia Tributaria tenía seis meses para resolverla. Por tanto, en marzo de este año se deberían haber resuelto todas las peticiones. Público ha contactado con el Ministerio de Hacienda, que asegura que hay dos tipos de casos que explican que aún haya solicitudes en tramitación: la "gente vinculada a los territorios forales" y la "gente que ha alegado y recurrido" después de que le denegaran la ayuda en un primer momento.

Aun así, desde Hacienda reconocen que la cifra de personas en esta situación es pequeña. "No es que de repente vayan a aumentar en 50.000 los beneficiarios", alegan. El ministerio también admite que "es cierto que [la ayuda] la solicitó menos gente de la prevista, pero se hizo una campaña de publicidad ambiciosa y se pusieron medios para que la gente pudiera solicitarla".

Sobre las 669.313 solicitudes de acceso a la ayuda que la Agencia Tributaria ha rechazado, el organismo no ha querido facilitar a Público el detalle de cuántas han sido denegadas por cada motivo concreto, información que este medio solicitaba en su petición. El organismo asegura que entregar esos datos no serviría para mejorar la transparencia de la Administración y que "facilitar esta información requeriría un ímprobo esfuerzo sobre un fichero de casi 670.000 registros, lo que llevaría a una dedicación incompatible con la atención justa y equitativa del trabajo".

Problemas para acceder a las ayudas

Los problemas para acceder a prestaciones públicas no se dan solo con esta ayuda. La Fundación Civio denunciaba hace unos meses que cada vez más procesos exigen trámites online, incluidas ayudas sociales para personas desfavorecidas, como esta de 200 euros, y que esa burocracia digital acaba suponiendo una barrera para que las personas accedan a las ayudas de la Administración.

En Civio, de hecho, habían preguntado a la Agencia Tributaria para saber si esta ayuda se podría pedir también de forma presencial y no solo a través de internet. La fundación quería saber "qué habían tenido en cuenta para decidir que las personas que podían ser beneficiarias de esa ayuda tenían todos los medios para acceder a ellas". La Agencia no quiso aclarar nada más que la ayuda solo se podía pedir online porque así lo determinaba el decreto-ley que la creaba.

De hecho, cada vez son más las organizaciones que, como hace Civio con el bono social de la electricidad, ayudan a los ciudadanos a pedir determinadas ayudas a la Administración, ya que los trámites no son sencillos.

Según explicaba La Vanguardia, la segunda ayuda de 200 euros que sacó el Gobierno meses después de la primera también estaba teniendo problemas para llegar a todos sus posibles beneficiarios. Esta ayuda, que consistía en un pagó único por el mismo valor, se podía pedir hasta finales de marzo de este año y tenía unos requisitos más laxos para llegar a un mayor número de españoles.

Esta segunda prestación, por ejemplo, establecía el límite de ingresos anuales de la persona en 27.000 euros en lugar de 14.000. En ese caso el Gobierno estimaba llegar a 6 millones de personas, pero solo la habrían solicitado 2,7 millones, según los datos hechos públicos por La Vanguardia.

"La dificultad está en encontrar la ayuda"

Claudia Espinosa, abogada especializada en Derecho Público, de Labe Abogados, explica a Público que el punto más complicado en las prestaciones públicas es que la gente sea consciente de que puede ser beneficiaria de determinadas ayudas. "La dificultad está en encontrar la ayuda que se ajusta a los intereses de una persona. La tramitación tiene complicaciones, pero la búsqueda es aún más difícil. La Administración tiene que hacer un esfuerzo para llegar a los posibles beneficiarios y que más personas puedan tener al menos la posibilidad de solicitar las ayudas".

La abogada especialista en ayudas públicas también asegura que en cuanto a la tramitación lo más complicado es cuando las ayudas únicamente se pueden solicitar a través de internet. "Hay mucha gente que no tiene certificado digital, por ejemplo. Y hay determinados colectivos, como las personas mayores, para los que puede suponer una gran traba". "Cuando las ayudas se pueden solicitar en persona, que se puede hacer todo en papel y acudir con tu DNI, es mucho más sencillo y más gente consigue optar a ellas", resume.